Chávez y el terrorismo

Abundan ya, en algunos casos las pruebas, y en otros los indicios, de la vinculación del Gobierno de Venezuela con grupos terroristas, narcoterroristas y fundamentalistas. En algunos casos, esta vinculación se ha dado en base a cooperación directa, y en otros a través de la simple omisión.

El más reciente suceso referido a este problema ha sido la declaración de dos etarras (miembros del grupo terrorista ETA) en el sentido de que habrían recibido entrenamiento en Venezuela.

De acuerdo a una nota de prensa de “Los Tiempos”, Arturo Cubillas, deportado de España a Venezuela en 1989, ocupa desde hace cinco años el cargo de jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de este país, y habría sido él quien impartió cursillos de formación en julio y agosto de 2008 a los miembros de ETA, Javier Atristain Gorosabel y Juan Carlos Besance Zugasti, detenidos el pasado miércoles en la provincia vasca Guipúzcoa, en el norte de España.

Pero esta es tan sólo la última de las noticias que vinculan al Gobierno de Chávez con grupos terroristas. El gobierno colombiano, entonces presidido por Álvaro Uribe, denunció en años anteriores, después de descubrir importantes documentos en una computadora de las FARC a través de un operativo en territorio ecuatoriano que dio fin con uno de sus principales líderes, que el Gobierno venezolano habría vendido armas al narcoterrorismo colombiano.

También se ha difundido, en los últimos años, información referida a operaciones de las FARC en territorio venezolano, con cuya relación el chavismo ha tratado de desligarse alegando su incapacidad de tener control sobre la totalidad de su territorio selvático.

Por otro lado, no son nada nuevas las hipótesis referidas al la estadía y entrenamiento que estarían recibiendo terroristas islámicos, bajo el oportuno argumento de que se estaría estrechando vínculos “diplomáticos” con el Gobierno de Teherán.

Todas estas informaciones, indicios e hipótesis, coinciden desafortunadamente con las políticas antiimperialistas del socialismo del siglo XXI, que implican una franca hostilidad principalmente, pero no sólo, contra los Estados Unidos de América, sino también contra la civilización occidental.

Imaginamos que será cuestión de tiempo para que podamos contar con mayores certezas sobre la relación del Gobierno venezolano con el terrorismo internacional, y esperamos que cuando estas certezas estén en nuestras manos, no sea demasiado tarde para el mundo.

Escrito para el portal http://www.boliviademocratica.net/

Tentación totalitaria y miedo a la libertad

Editorial de Los Tiempos, del 6 de octubre de 2010

Durante los últimos tiempos, en lo que tiene todos los visos de ser un proceso en continuo avance, han comenzado a proliferar en nuestra sociedad indicios de un fenómeno que puede ser descrito como “la tentación totalitaria” o “el miedo a la libertad”.

El caso más reciente es el entusiasmo que en gruesos sectores de la ciudadanía ha despertado la propuesta de imponer una especie de “toque de queda” de modo que los jóvenes estén obligados a replegarse a sus hogares a tempranas horas de la noche. El argumento que respalda la propuesta consiste en que, según las estadísticas, es bajo la influencia del alcohol que se produce la mayor parte de los actos de violencia y éstos, a su vez, una importante causa de consultas médicas.

A la iniciativa, originalmente planteada por funcionarios de un hospital público, se han sumado otros sectores a cual más respaldado de aparentemente sólidos argumentos, todos los que parecen converger en un mismo punto: la necesidad y conveniencia de que se aprueben e impongan reglas, normas y leyes más drásticas y que agentes estatales –sean funcionarios municipales, policiales o de alguna instancia de vigilancia y control social aún por crear– se encarguen de “disciplinar” a los jóvenes díscolos.

Muchos padres y madres de familia se han sentido identificados con la propuesta. Y aun antes de que ésta se plasme en disposiciones legales, decenas de locales públicos, gran parte de ellos espacios de intensa actividad artística y cultural, han sido clausurados por comisarios que actúan en nombre de las buenas costumbres.

A este ejemplo, que es el más reciente pero no el único, se pueden sumar muchos otros igualmente sintomáticos del fenómeno al que nos referimos como el entusiasmo con que se defiende la castración como fórmula para prevenir actos de pedofilia o la complacencia con que se acepta la explicación según la que la tortura de conscriptos forma parte de un necesario currículo académico para aprender a “defender a la patria”, son otros entre los más recientes.

El fenómeno no es nada nuevo. Muy por el contrario, son muchos los estudios sociológicos y de psicología social que durante el siglo XX se han hecho con el propósito de comprender por qué en ciertas circunstancias las sociedades se tornan proclives no sólo a aceptar sino a exigir que se les impongan leyes cada vez más severas, castigos más implacables, regímenes autoritarios que conculquen sus libertades y tomen en su nombre las más importantes decisiones.

Algo que tales reflexiones contribuyeron a dilucidar es que la desaparición de la libertad no se produce de un día para otro ni la impone por su propia voluntad ningún tirano, sino que son los miembros de una sociedad los que van renunciando a ella poco a poco, a veces sin darse cuenta y otras veces muy conscientes de ello, voluntaria y entusiasmadamente.

Como es fácil constatar, la nuestra es una sociedad en la que son cada vez más los síntomas de las dos vertientes de las que se nutre el autoritarismo. La tentación totalitaria y el miedo a la libertad ya están entre nosotros, ganando los deseos y la voluntad no sólo de quienes tienen la mano dura sino también, lo que es peor, de quienes quieren ser gobernados con mano dura.

Evo Morales: El déspota enfurecido le da un rodillazo a un rival

Algo más que fútbol

Subeditorial de Los Tiempos, 5 de octubre.

“En el juego se conoce a las personas”, dice un conocido adagio popular. Y la frase puede hacerse extensiva a todo un aparato estatal cuando es éste, y no sólo una persona, el protagonista de un juego.

Lo dicho viene al caso porque lo ocurrido el pasado domingo en un partido entre el equipo presidencial y el de la Alcaldía paceña es algo que va más allá de lo estrictamente deportivo. Llega a ser toda una proclama política; toda una manifestación de la actitud que los personajes involucrados tienen ante sus rivales, ante las reglas del juego, ante las trampas, ante los árbitros o jueces y ante quienes se cruzan en su camino, así sea sólo para impedirles meter un gol.

En efecto, cuando durante una pausa en el juego un jugador se acerca sigilosamente a otro y aprovechando su distracción le propina un rodillazo en los testículos y cuando el árbitro ve esa falta pero no se atreve a sacar la tarjeta roja como muestra de respeto a la investidura del agresor, se puede sospechar que hay de por medio factores extra futbolísticos.

Tal sospecha se agrava si al finalizar el cotejo los agentes de seguridad del Estado deciden encarcelar a un jugador que tuvo el atrevimiento de jugar de igual a igual, sin discriminar ni positiva ni negativamente a su rival. Y cuando ya no queda ninguna duda es cuando al día siguiente gran parte del aparato gubernamental se moviliza para justificar lo ocurrido el día anterior.

Así, más que un espectáculo futbolístico, lo que se nos ha brindado es una muestra de los extremos a los que se puede llegar si no actúan oportunamente quienes todavía creen que es necesario y posible ponerle límites al abuso del poder.

Llorenti: gran defensor de los derechos de las mujeres

Por: Kathia Castellón Salamanca*

El antes defensor de los DDHH y ahora incongruente ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se convierte (coyunturalmente) en el gran defensor de los derechos de las mujeres frente al pronunciamiento de la Iglesia en desacuerdo con la ley contra el racismo, señalando que la Iglesia también es discriminadora al prohibir a las mujeres ejercer el sacerdocio.

Lo interesante del caso es que este Señor solo se pronuncia cuando le conviene utilizar un tema muy controversial y de carácter privado (de La iglesia), con la intención de subir en las encuestas de popularidad que lo muestran actualmente como el peor de los ministros del Gobierno de Morales.

Hace ya varias semanas cuando el Presidente Evo Morales señaló públicamente que Irán era un País pacifista, muchos movimientos que defienden los derechos humanos, repudiaron estas declaraciones, manifestando que en ese país se vulneran los Derechos Humanos con penas inhumanas y crueles como la lapidación a la que son sujetas las mujeres (ojo sólo las mujeres) Iraníes frente al adulterio, siendo éstas tratadas como seres inferiores a los hombres que no están sujetas al mismo trato jurídico.

En esa ocasión, la indiferencia que ya es muy usual en los Ministros no se hizo esperar, me imagino que el Ministro Llorenti no considera esa desigualdad jurídica en Irán como un acto de discriminación a las mujeres a quien tanto ahora defiende, y mas aún cuando no solo se trata de un acto de discriminación sino la vejación a los Derechos Humanos estén estos dirigidos a hombres o a mujeres, ya que la lapidación a un ser humano no solo es un asesinato, es un acto de lesa humanidad que pretende la muerte lenta y dolorosa de un individuo, en este caso, según la ley Iraní, de las mujeres “adúlteras”, donde la pena es totalmente desproporcional con el hecho. ¡Gracias a Dios en nuestro país el adulterio sólo es una causal de Divorcio! Eso, en razón de que nadie puede ser asesinado ni apedreado hasta la muerte por no amar a su esposo o esposa, de lo contrario la recolección de piedras en Urkupiña no abastecería para ejecutar la pena a los infieles.

Es preocupante que una autoridad de Gobierno y ex defensor de los Derechos Humanos, no preste atención a temas mucho mas importantes que criticar y acusar a la Iglesia de Discriminadora con relación a un tema que no atenta contra la vida de las mujeres, como lo es la restricción al sacerdocio, frente a los asesinatos que se cometen en países con los que hoy estamos estrechando lazos de amistad calificándolos de pacifistas.

Creo que es demasiado bajo utilizar y servirse de las mujeres, ancianos, niños, e indígenas como escudo, frente a las medidas políticas e implementación de normas atentatorias a la libertad de pensamiento y expresión garantizadas en el Art. 21 inc. 3 y 5 de la Constitución Política del Estado vigente. Esto también podría considerarse como un acto de discriminación a la población Boliviana, porque sus autoridades parecen considerarla de imbéciles e ingenuos.

*La autora es abogada