Entretenedores oficiales. Triste destino de algunos intelectuales

Carlos Schulmaister*

Argentina

Al grito de “¡La ética ha muerto, viva la estética!” los intelectuales oficialistas, llenos de fervor y fatuidad, se han lanzado a producir contenidos simbólicos diversos, en escenarios académicos y mediáticos en los que, cual habilidosos esteticistas, reinterpretan y reescriben cien veces si  es preciso  los discursos y las acciones del gobierno en línea con sus conveniencias, ocultando sus imperfecciones, reduciendo sus impurezas con sofisticados afeites y drenajes manieristas del lenguaje, en base a culteranismos  fashionables, que luego se replicarán en todo el sistema educativo y cultural hegemónico.

Algo similar a lo que realizan los asesores de imagen con las formas de la apariencia de sus contratantes, en tiempos de campañas electorales. Pero si éstos pueden disimular  los achaques de la carne o las neurosis de sus Majestades sólo hasta cierto punto, ya que como simples ilusionistas que son no pueden hacer milagros, los intelectuales oficialistas, en cambio, le hacen increíbles fotoshop a la realidad, garantizando satisfacciones virtuales masivas al mejorar su apariencia, al crear climas estimulantes de euforia y entusiasmo y al avalar ad literam  la panoplia de improvisaciones, reacciones y berrinches de aquellas, basadas en  limitaciones intelectuales, infantilismo y narcisismo, emergentes habituales de la egolatría.

Pero si las limitaciones intelectuales de los gobernantes son superables con ciencia -que pondrán los técnicos y especialistas siempre que se esté dispuesto a escucharlos- el infantilismo y el narcisismo (léase autismo) que a menudo poseen en grado superlativo no tienen remedio cuando no existe allí la conciencia, por lo que las consecuencias inmediatas las pagará  siempre la sociedad, hasta que llegue el momento adverso de que ésta les pase la factura. Ese momento siempre llega.

Más grave aún es que las justificaciones mercenarias no puedan corregir, ni mucho menos disimular o desviar la atención de la sociedad respecto de  todo lo negativo y perjudicial para la vida social y de la nación toda cuando ello es deliberadamente decidido y ejecutado por los gobernantes con la cabeza fría y con jactancia.

Esto significa que debemos  incluir en el análisis la variable de las intenciones aparentes y ocultas de  éstos como determinantes de sus acciones, lo cual nos pone frente a la contradicción flagrante entre las necesidades, los anhelos, los derechos y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, constantemente subrogados por las necesidades, conveniencias y anhelos particulares de los gobernantes y sus funcionarios de mayor nivel.

Si la constitución real de nuestros sistemas republicanos instala de hecho el hiperpresidencialismo y el populismo, el resultado fatal ha de ser el padecimiento crónico de la democracia y la república.

Sin embargo, el soberano, el pueblo, desplazado, manipulado, engañado y estafado preferirá  la continuidad de hecho y de derecho del mal gobernante, por temor a abrir la puerta a las hoy antiguas e inservibles aventuras golpistas de inspiración fascista o comunista bajo la advocación de símbolos y valores revolucionarios como la libertad, la igualdad y la solidaridad, y digo revolucionarios porque siguen siendo utopías.

Los políticos  opositores harán lo mismo por temor a ser tildados de fascistas aun cuando sean liberales o conservadores. Sus fervores liberales de otros tiempos los llevaron a pensar, al retorno de la vida democrática, en novedosos institutos jurídico-políticos de acción popular para abrir la política a la participación real y a la posibilidad de corregir rumbos rápidamente. No obstante, veinticinco años después, si algún político opositor planteara su implementación sería escarnecido universalmente por propios y extraños.

Eso revela que también existe un miedo terrible a utilizar la constitución hasta las últimas consecuencias, pues ello afectaría otra mítica variable política: la gobernabilidad, cuya laxitud permite y justifica entonces el estiramiento de las leyes  para salvar los fines del  sistema jurídico (¡…!).

Nuestra pobre cultura política se revela en varios puntos específicos: entre otros en el desconocimiento teórico práctico del republicanismo y la soberanía popular, por consiguiente de la constitución nacional; y por eso mismo se desconoce que cualquier gobernante puede ser dictador y fascista sin un coup d´etat basado en la fuerza y a cargo de militares, gendarmes, policías, comandos civiles ni milicias populares;  simplemente  basta reformar la constitución para cumplirla y hacerla cumplir en lo que a aquél le conviene, e incumplirla en lo que no.

Definiciones conceptuales, jurídicas y políticas tan complejas, necesarias y urgentes como terrorismo, genocidio y crímenes de lesa humanidad flotan en el limbo de la opinión y el relativismo ético que todo lo invade en procura de diluir los debates fundamentales y penetrar en todas las mentes planteando combates de retaguardia para consumo y entretenimiento del cholulismo nacional.

Así es posible hallar a muchos intelectuales percibidos vulgarmente como “progresistas”, ejerciendo, por ejemplo, una omnipresente crítica lapidaria -por cierto totalmente procedente- y de perfiles humanistas, a los desvíos históricos de la Iglesia Católica, como el desgraciado concepto de guerra justa, entre otros, que habilitaba al eje cortesano-eclesiástico a realizar crímenes  horripilantes, aggiornado luego por la filosofía política en los tiempos recientes del Estado-Nación. Y sin embargo, esos mismos intelectuales, antiimperialistas y etc (sic) no aplican un equivalente dictamen de la razón y la ética a las acciones de cuño similar cuando son llevadas a cabo por gobiernos que se titulan revolucionarios, socialistas o comunistas.

Proceden, pues, del mismo modo que los políticos, que tienen como guía práctica que no hay mejor defensa que un buen ataque… a los argumentos contrarios; e igual que los estrategas militares, que realizan maniobras diversionistas  para confundir al enemigo… la sociedad, o desviar su atención; y que la Iglesia preconciliar, que sostenía la tesis de la guerra justa e injusta, en consecuencia, violencia justa e injusta.

Cuando pienso que esta labilidad de la moral política de ciertos intelectuales obedece a motivaciones innobles, tan poco elevadas como el mantenimiento de ciertos privilegios, no puedo menos que pensar con admiración en Juan Bautista Alberdi, especialmente en Alberdi el Viejo, cuya pasión intelectual y su honestidad es conmovedora. Deberían leer -dudo que lo hayan hecho- El crimen de la guerra, para aprender que un verdadero intelectual camina hacia adelante y no mira atrás para andar borrando sus propias huellas a intervalos regulares, como hacen ellos.

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”. Simón Bolívar (Discurso ante el Congreso de Angostura, 15 de Febrero de 1819).

* Carlos Schulmaister es un educador argentino, maestro, profesor de Historia, historiador oral, Máster en Gestión y Políticas Culturales en el MERCOSUR, docente durante más de treinta años en el área de Pedagogía y Didáctica de las Ciencias Sociales en institutos terciarios del profesorado, gestor cultural, escritor y columnista en diarios del país y el exterior. Es autor de De la patria y los actos patrios escolares; Los intelectuales: entre el mito y el mercado; Gestión cultural municipal: de la trastienda a la vidriera; y otros títulos.

Enhorabuena Concejo Municipal

Hace algunos días el Concejo Municipal de Cercado aprobó una norma para regular los juegos con agua durante el carnaval, cuya parte más polémica es la que prohíbe el juego con agua en parques, plazas, calles y avenidas, penalizando a sus transgresores con hasta siete días de cárcel.

Esta norma puede ser cuestionada y ha sido cuestionada desde diferentes puntos de vista.

El primero y más absurdo es el político. Hay quienes dicen que por haber sido creada una norma similar en el Municipio de Quillacollo (interinamente en manos del oficialismo), y por haber contado, en Cercado, con el apoyo también del MAS, automáticamente estaría descalificada.

Otros afirman que se está eliminando una “tradición” carnavalera, y apelan ridículamente a la protección de las tradiciones para criticar la norma en cuestión.

Están también quienes tratan de utilizar el espíritu festivo, juvenil y de diversión que contienen las fiestas carnavaleras, para condenar dicha norma, aduciendo que se estaría convirtiendo al carnaval en una celebración de monjes, y que las mojazones y los globos sólo son un “juego”.

Todos estos argumentos no son más que imposturas destinadas a tratar de cubrir una gran verdad: Que el juego con agua, y especialmente con globos, durante el carnaval, se había convertido en la más salvaje licencia para practicar cruentas agresiones contra las personas, y especialmente contra las mujeres, llegando al extremo de que los grupos de jóvenes que las practicaban no sólo las lastimaban físicamente, sino que en muchos casos aprovechaban para manosearlas descaradamente bajo el pretexto estúpido de que “en carnaval todo vale”. 

No es posible que mientras nuestra sociedad se precia de ser civilizada y avanzada, y cuando nos vanagloriamos de apreciar y defender la libertad individual, tratemos de mantener una práctica que vulnera la libertad, la integridad física y la dignidad de las personas.

Nadie ha prohibido la posibilidad de que particulares se reúnan en algún domicilio y jueguen con agua hasta quedar empapados. Lo que ahora no podrán hacer es incluir arbitrariamente en su “jueguito” cruel a todas las mujeres que transitan por las calles de la ciudad. Son libres de jugar con agua, pero no son libres de incluir en ello a quien no se los ha pedido. El espíritu festivo y juvenil puede mantenerse, pero la agresión, la vulneración de la libertad y la indignidad, ya no pueden ser administradas arbitrariamente contra el resto de las personas ni en lugares públicos.

Las tradiciones, cuando atentan contra la integridad, la libertad y la dignidad de las personas, deben ser modificadas o eliminadas. También era una tradición hecha ley que un conjunto de vírgenes fueran destinadas al Inca, o emborrachar albañiles y enterrarlos en los cimientos de los edificios para prevenir los desastres, y sin embargo son cosas que ahora consideramos inaceptables. La salvaguarda de las tradiciones no puede servir de pretexto para conservar resabios de salvajismo.

Dicen que quien impulsó la norma fue Ninoska Lazarte, si es así mis sinceras felicitaciones. Se que Julio Baldiviezo estaba en contra, qué lástima por él defendiendo la irracionalidad.

Hago llegar mis felicitaciones y mi gratitud a todo el Concejo Municipal, pero especialmente a quienes apoyaron la norma. Y si entre ellos hay gente del partido de gobierno me importa muy poco, pues creo que una acción acertada los es, o no lo es, sin consideraciones políticas ulteriores, y este reglamento está muy bien puesto. Esperemos que se haga cumplir.

Lo privado llega a su fin

Cuando muchos de los críticos del gobierno del MAS y de su Constitución vaticinábamos serias vulneraciones a los derechos de propiedad de las personas, se nos tildaba de exagerados y apocalípticos. “La derecha quiere desacreditar el proceso de cambios con anuncios alarmistas sin ningún sustento” se decía. No obstante, aquello que entonces parecían exageraciones de ultra radicales “de derechas” se está confirmando en nuestros días a través de medidas político/legales que poco a poco incrementan los límites a los derechos de propiedad de las personas. Veamos un par de ejemplos:

Se dice que de acuerdo a una reciente instructiva del Consejo de la Judicatura, todos los contratos que sean celebrados entre privados deben ser apropiadamente registrados en las notarías de fe pública y esos registros enviados, en el día de la suscripción de los mismos, a aquel órgano del sistema Judicial.

Es decir que, en los hechos, ya no existirían los contratos privados más que de manera nominal. La privacidad de un contrato consistía en el hecho de que sólo los signatarios del mismo conocían sus términos, pues se trataba de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, que se obligaban a hacer o dejar de hacer algo, y que sólo adquiría el carácter de público cuando alguna de las partes así lo requería.

De esta forma, las transacciones o acuerdos a los que cada individuo pudiera llegar con sus semejantes, así como la forma en que todos decidiesen disponer de su propiedad, era un asunto que solamente concernía a los interesados, no pudiendo intervenir el Estado sino hasta que la libertad o los derechos de alguna de las partes fuesen vulnerados, o cuando alguna de ellas considerase que aquel acuerdo no se habría cumplido en alguno de sus términos.

Ahora, el Estado estaría obligando a todos los ciudadanos a informarle de cada acuerdo, cada transacción, cada movimiento que sea suscrito, con lo que se pone en marcha un control absoluto de las actividades legales de las personas. Cosa que constituye una intromisión del estado en los asuntos de los particulares, vulnerando el derecho privado.

Otro ejemplo es el Decreto Supremo por el que a partir de ahora no se podrá llevar adelante ninguna transacción por una suma igual o mayor a 50 mil bolivianos, cuando ésta no sea a través de cheques, tarjetas o instituciones bancarias.

En otras palabras, su dinero, que es el fruto de su trabajo, parte de su propiedad y patrimonio, del que usted debería poder disponer libremente en las cantidades que requiera y en el momento que le plazca, ahora estará constante y sistemáticamente vigilado por el Estado.

Si usted lo puede notar, esto se trata de un pequeño corralito que limita la libre disponibilidad de su patrimonio, obligándole a revelar cuánto, para qué y con quién está realizando una transacción financiera.

Ambas medidas se refuerzan mutuamente, pues aunque usted tuviera dinero guardado debajo de su colchón para realizar una transacción, por la eliminación del carácter privado de los contratos, a la hora de suscribir uno, se le estará obligando a revelar cuánto dinero invirtió, para que fines, y a quién fue entregado.

Este es un rotundo paso hacia la desaparición de los derechos de propiedad, basado en la restricción gradual, y sistemática eliminación de sus principios, como son la exclusividad, la perpetuidad y el carácter absoluto, así como el libre uso, goce y disposición de la misma.