El “factor China”

La semana pasada observé en Youtube una conferencia dictada por Rodrigo Antezana, titulada “Colapso Económico Mundial - La última lección”, en la que el referido comunicador realiza una explicación respecto de las causas de la crisis económica mundial desatada hace ya varios años, pero cuyas consecuencias más graves parecen no terminar de verse.

Dicha conferencia me ha impulsado a tratar de reflexionar en torno a un elemento de ese sistema de causas y efectos. Me refiero al “factor China”

De acuerdo a los datos presentados por Antezana, la China ya sería la primera economía del planeta, fruto de su vertiginoso crecimiento.

Este crecimiento se debe en gran medida al hecho de que grandes multinacionales han trasladado su producción, parcial o totalmente, a dicho país, puesto que la oferta de mano de obra china estaría entre las más baratas del mundo.

Este traslado ha generado dos efectos simultáneos. Por un lado, el país asiático ha incrementado su producción y demanda de materias primas de una manera dramática; y por otro lado, aquellos países que otrora fueron los centros de origen de aquella producción, hoy se han transformado en “consumidores-poco productores” en unos casos, y en otros en simples y llanos consumidores.

Como sabemos –y esa es una de las ideas principales de Rodrigo Antezana- quien no produce nada y se dedica solamente a consumir, tarde o temprano termina por deber hasta su alma a los que verdaderamente producen. Este es el problema frente al que se encuentra EEUU, que destina ingentes cantidades de recursos a gastos improductivos y al consumo, sin significar ninguna competencia en los principales rubros del mercado mundial.

Una lección que, dicho sea de paso, fue la primera enseñada por el naciente capitalismo en los burgos que rodeaban los castillos feudales, a donde los artesanos y comerciantes terminaban poseyendo mayores riquezas, e incluso siendo los acreedores de los monarcas y señores feudales.

Sin embargo, ese crecimiento chino implica un retroceso respecto de ciertos valores que como sociedad occidental nos preciamos de haber alcanzado.

La china es el equivalente a un gran mercado de esclavos, en el que el Estado es el tratante de personas a las que no se les permite protestar ni sindicalizarse, puesto que no se les ha reconocido su libertad de seres humanos y por ende tampoco sus derechos.

Es lógico, entonces, que no solamente sea mano de obra barata, sino también profundamente explotable. Las jornadas de solamente ocho horas, la seguridad laboral contra daños físicos, los aportes para jubilaciones, aguinaldos y otras conquistas, son incuestionablemente desaparecidas por el silencio impuesto desde un gobierno totalitario que ha descubierto cómo ganar dinero alquilando sus ciudadanos como esclavos a los inescrupulosos.

Una realidad horrorosa. Pero no menos horroroso es el hecho de que este factor, causante de una parte de la crisis económica mundial, y completamente deshumanizante de la civilización occidental, está siendo convenientemente pasado por alto y aprovechado por las empresas e inversionistas que se trasladan a China.

La libertad, la democracia y los Derechos Humanos, son parte del orgullo de pertenecer a la cultura occidental. Sin embargo, pareciera que muchos están dispuestos a retroceder hasta el esclavismo con tal de lograr mejores ganancias, e incluso si eso puede deteriorar las condiciones económicas en los países que sí tratan bien a sus trabajadores –y que por lo tanto no son mano de obra tan barata-

Creo que invertir en China debería verse como apoyar la dictadura, la crueldad y la explotación.

Los insensatos indignados

En algunos puntos del globo se están reproduciendo los grupos de “indignados” con reclamos que, vistos superficialmente, parecerían comprensibles y hasta dignos de simpatía. Democracia de verdad, trabajo, techo… en resumen: mejores condiciones u oportunidades para los jóvenes. Son algunas de las consignas de estas personas.

La relación que se intenta establecer entre democracia “verdadera” y las necesidades de la gente causadas por la crisis, se debe a la absurda creencia de que el establecimiento de órdenes sociales con libertad y democracia traerían automáticamente el paraíso y la felicidad a las personas.

Este es un error muy común en nuestras sociedades y, a causa de él, suelen aparecer los descontentos dentro de los órdenes sociales libres. Es por ello que creo conveniente poner algunos puntos claros respecto de este tema.

La libertad y la democracia no implican la necesaria aparición de la felicidad y el paraíso delante de nuestros ojos, de la misma manera que no significa que las personas utilizarán esa libertad para perseguir el bienestar. El hecho de vivir en libertad nos brinda como única garantía que seremos nosotros, y no otros, quienes tengamos el mayor influjo sobre nuestros propios destinos y vidas. 

Normalmente, el establecimiento de regímenes totalitarios ha restringido la libertad de los individuos al punto de que éstos ya no son dueños de sus acciones y esfuerzos, siendo estos gobiernos los que decidían cuáles eran las metas de la sociedad y, por lo tanto, cuál era la dirección hacia la que las personas tenían que dirigir sus esfuerzos, en los distintos ámbitos del quehacer humano.

No importaba, entonces, si la ocupación impuesta por el Estado al individuo satisfacía las expectativas de éste o le ayudaba a alcanzar sus propias metas. Lo único que interesaba era si las personas seguían la dirección trazada por los burócratas en el poder, y si cumplían con las tareas que se les había asignado en ese sentido.

La democracia, por otro lado, no es más que un mecanismo creado en el intento de preservar la libertad de los individuos. Si el poder del Estado está dividido en distintos órganos, si los gobernantes no pueden perpetuarse en el poder, y si existen mecanismos para que sean las personas quienes definan cuáles serán los actores políticos que administren los asuntos públicos, mayores dificultades tendrán las mentes totalitarias para disponer a su antojo de la vida y destinos de las personas.

Si los movimientos de indignados pretenden que sean sus Estados quienes les doten de todos los recursos materiales para tener bienestar, están renunciando a la responsabilidad de proveerse ellos mismos de dichos bienes y, peor aun, están clamando por gobiernos con poderes mayores, que sean capaces de decidir quiénes, cómo, cuándo, por qué y dónde cada individuo ha de recibir los dones y dádivas estatales.

Probablemente muchos gobiernos del mundo son más responsables de haber acostumbrado a sus ciudadanos a un bienestar artificialmente construido, que se ha tornado insostenible en los últimos tiempos, y no así de no intervenir en sentido opuesto. Es decir, que la actual crisis es fruto de las intervenciones estatales dentro del orden social, y no así de su falta de acción o planificación.

El problema con las generaciones jóvenes que hoy muestran su desesperanza, es que las expectativas que tenían respecto del futuro, frente a las dificultades del presente, parecen diluirse sin remedio frente a sus ojos. Pero eso es algo con lo que ya tuvieron que lidiar otras generaciones.

Es Estado y los asaltantes

Cuando un asaltante se lleva su dinero o sus bienes, comete un grave delito no sólo por poner en peligro su integridad y utilizar la violencia, sino porque se está llevando su propiedad, que es el resultado del talento, esfuerzo, trabajo y tiempo que usted ha invertido durante su vida, y por lo tanto un pedazo de su existencia. Eso es lo que se llevan los asaltantes, ladrones, estafadores y similares.

Después de haber sido asaltado, usted tendría que tener muy mala suerte para volver a encontrarse con el mismo delincuente, y que éste le vuelva a arrebatar el fruto de su trabajo. Es más, aun si tuviese la mala fortuna de ser asaltado nuevamente, difícilmente será el mismo sujeto.

El Estado es el único ladrón con el que nos encontraremos mensualmente, de aquí hasta el final de nuestros días, para que nos robe el fruto de nuestro esfuerzo a través de los impuestos y demás contribuciones obligatorias.

La maquinaria estatal tiene variadas formas de robar. Están los impuestos que explícitamente se cobran por los salarios y por las operaciones de compraventa (IVA, IT, IUE), así como otros, mas camuflados, que se establecen por la adquisición de ciertos productos o la realización de determinadas acciones, como el Impuesto al Consumo Específico (Que se grava sobre automóviles, cigarrillos, energizantes, bebidas alcohólicas), el Impuesto a las Transacciones Financieras (un porcentaje por cada transacción superior a cierto monto), y un impuesto que se cobra a las remesas provenientes del exterior (no contento con no haberle ofrecido oportunidades y haberlo condenado a sufrir las penurias de ser forastero, el Estado inepto roba parte de su trabajo a los compatriotas en el exterior).

Con la nueva Ley de pensiones, usted debe aportar a fondos solidarios, con lo que el Estado nuevamente mete sus sucias manos en sus bolsillos, buscando, para colmo, utilizar ese dinero para “ayudar” a quienes no han aportado para su jubilación y pretendiendo, de esa forma, ganar indulgencias con avemarías ajenas.

El pretexto de quienes justifican la existencia de impuestos, es que son recursos necesarios para que el Estado funcione. Ese razonamiento sería correcto de no ser que en toda oficina publica se nos cobra valores (sin contar las coimas) para que se hagan las cosas (lentamente y mal por lo general) y que en nuestro caso vivimos en un país cuya administración publica recibe cientos de millones de dólares por negocios de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, peajes, etc. que debieran ser suficientes para que un modesto aparato público, que garantice y proteja nuestras vidas, libertad, propiedad y derechos, funcione correctamente.

Para colmo, si uno se equivoca al llenar formularios de impuestos u otros documentos, es castigado y multado. Cuando se supone que nosotros le hacemos un favor involuntario al Estado, permitiendo que nos robe sistemáticamente para que nuestro dinero muchas veces caiga en los bolsillos de los politiqueros más sucios, improductivos y mediocres, se nos trata como si fuéramos delincuentes. Como si nosotros le debiéramos algo a un Estado que nos pone mas trabas que alicientes para producir y trabajar, que no es capaz de resolver procesos jurídicos con justicia y rapidez, que no nos brinda seguridad ciudadana, que no otorga seguridad jurídica para nuestra propiedad e inversiones, que no resuelve tramites de manera ágil y eficiente, y que, para colmo, se apropia y administra otro tipo de negocios y empresas de servicios, utilizándolas como agencias de empleos y caja chica de los poderosos de turno.

POLITICA EXTERIOR: ERROR TRAS ERROR

Oscar Ortíz*

La denuncia de la Convención de Viena marca un nuevo error de política exterior del gobierno del Movimiento al Socialismo, la cual se ha caracterizado por su carácter errático y su sometimiento a los lineamientos ideológicos de Chávez o a los intereses de sectores políticos del partido de gobierno, como las ONG´s antiglobalización o los cocaleros. En todo caso, quien pierde es el pueblo boliviano que ve sacrificado sus intereses en función de agendas particulares de las autoridades de gobierno.

El último error es un claro ejemplo. El gobierno denuncia la Convención Internacional de Lucha Contra las Drogas bajo el pretexto de que no respeta el consumo tradicional de la hoja de coca que se practica desde hace siglos en el país. Falso pretexto. La Convención fue renegociada en 1988 y en el texto de ese año se indica claramente que se respetaran los usos tradicionales lícitos, por lo que debemos preguntarnos si lo que se busca es utilizar este tema para tratar de recuperar la popularidad perdida por el presidente Morales o evitar que organismos internacionales supervisen la lucha antidroga.

En un tema tan sensible como la causa marítima, en los últimos seis meses hemos pasado de tener las relaciones más cordiales y silenciosas que un gobierno haya tenido con Chile, a continuos enfrentamientos retóricos. Lo grave es que mientras algunas autoridades anuncian demandas ante tribunales internacionales otras insisten en que se continuara con la agenda de dialogo. Mientras por una parte se anuncia acudir ante instancias multilaterales, cuando se llega al OEA, se pide dialogo bilateral.

En el campo político internacional no podríamos ubicarnos en peor lugar. Desde que el gobierno de Evo Morales decidió seguir el modelo de Hugo Chávez y someter nuestra política exterior a los delirios de liderazgo internacional del presidente venezolano, nos unimos a grupo de países gobernados por regímenes autoritarios, que atropellan los derechos humanos y desconocen la democracia, como Irán, Libia, Cuba y Nicaragua. El escándalo que genero la visita del Ministro de Defensa de Irán para inaugurar una escuela militar internacional de la ALBA, no fue un error de protocolo sino una consecuencia de la política de relacionamiento con un Estado condenado por la comunidad internacional por sus vínculos con el terrorismo.

En el campo de política económica internacional, tampoco estamos mejor. Nos negamos a negociar un acuerdo comercial con Europa, dejamos que se termine el acuerdo de Libre Comercio con México y perdimos las preferencias comerciales con los Estados Unidos. Resultado, a menos mercados, menos empleos y menos oportunidades de bienestar para los bolivianos.

La política exterior debe reorientarse para priorizar la búsqueda de inversiones, mercados y cooperación internacional para el desarrollo. La prioridad debe ser la lucha contra la pobreza y no los dictados de Chávez o el pago de cuentas a las ONG´s que mantuvieron a funcionarios de gobierno durante sus épocas de oposición.

*Ex presidente del Senado Nacional de Bolivia

La oposición extraviada

Recordarán cuando en ocasión en que el gobierno prohibió la importación de vehículos, la oposición salio al frente condenando la medida y apoyando a los importadores que, en muchos casos, ya tenían automóviles comprados y en tránsito a Bolivia, por lo que la medida implicaba un terrible perjuicio y una total falta de consideración frente a personas que lo único que buscan es ganarse el pan de cada día.

Recuerdo que entonces manifesté que la imposición de aranceles a la importación de vehículos, y a las importaciones en general, era una forma de robarle su dinero a la gente, de encarecer los precios, y de inhibir la generación espontánea de empleos para la población.

Bien. La medida quedo ahí sin que nadie pudiese hacer nada más que protestar y argumentar.

Me sorprendí desagradablemente, sin embargo, cuando al enterarse de la propuesta de regularizar la situación legal de los autos recientemente importados la oposición manifiesta que se pretende “legalizar lo ilegal”, expresando su desacuerdo con dicha medida ¿…? Al final ¿el año pasado a favor de los importadores, y este año contra ellos?

Se supone (o al menos eso suponía yo) que la oposición promueve el movimiento de capitales, la generación de empleos y el desarrollo, a través de la libre acción económica. La libre importación de vehículos, e igualmente la medida dictada por el gobierno (más allá de que éste también pretenda obtener fondos para mitigar la crisis fiscal), generan todo ello.

Tan solo pongámonos a pensar un momento en la dinámica que se va a desatar con esta medida: Los importadores logran un primer movimiento general de capitales al introducir los automóviles en el mercado, haciendo de ello una actividad que les ayuda a mantener a sus familias, pues las ganancias serán destinadas a otras actividades económicas pero también a la contratación de otros servicios y adquisición de productos para ellos y sus familias, causando un efecto expansivo de los beneficios obtenidos.

Por otro lado, muchas de las personas que adquieran los vehículos a menores precios, los utilizaran para dedicarse al negocio del transporte, de personas y objetos, consiguiendo, nuevamente, generar empleos para si mismos.

Finalmente, la compra y puesta en funcionamiento de todos estos automotores, requerirá de una expansión en los servicios mecánicos, gomerías, cambios de aceite, lavado de automóviles, etc. Generando, una vez más, empleos y oportunidades de manera espontánea. Es por ello que no logro comprender la nueva posición de la oposición.

Creo que los movimientos políticos que pretenden ser una alternativa frente al oficialismo, deben decidir de una vez por todas cuáles son los principios en los que creen y, en base a estos, construir una visión de país seria, sólida, estable e integral. De lo contrario no son mas que una oposición extraviada en la maniobra de estar contra el gobierno en todo momento sin importar consideraciones adicionales, y repiten la premisa en que Jean-François Revel encasilló al izquierdismo: “La certeza de ser de izquierdas descansa en un criterio muy simple, al alcance de cualquier retrasado mental: ser, en todas las circunstancias, de oficio, pase lo que pase y se trate de lo que se trate, antiamericano.” Pero modificada de la siguiente forma: “En Bolivia, la certeza de ser opositor descansa en un criterio muy simple, al alcance de cualquier retrasado mental: ser, en todas las circunstancias, de oficio, pase lo que pase y se trate de lo que se trate, antievista.”

El transporte y la inflación

La necesidad de incrementar el precio de los pasajes del transporte masivo es inherente a la propia inflación, y anterior al la agudización de ésta después del gasolinazo. Cuando el Gobierno pide a los transportistas que congelen el precio de los pasajes mientras se realiza un nuevo estudio de costos de operaciones, necesidades y demandas, no es más que una triquiñuela para ganar algo de tiempo frente a la justificada impaciencia de la ciudadanía, pues un estudio realizado hace más de un año por el mismo Gobierno ya ha demostrado que el incremento se justifica.

Otra cosa, muy diferente, es que el oficialismo, por evitar tomar decisiones impopulares evadió irresponsablemente tal aumento de precios, cuando podría haberse hecho en una época de menor sensibilidad en el bolsillo de las personas.

Se tiene dos problemas, a saber 1) El incremento en el precio de los pasajes y 2) La inflación generalizada que ha provocado el aumento de los precios y la consecuente disminución del poder adquisitivo de la gente.

El primer problema se debe abordar habiendo entendido, inicialmente, que los transportistas no son trabajadores del transporte “público” (entendido como fiscal o estatal), sino un conjunto de individuos que proveen servicios de transporte masivo a la ciudadanía, y que son dueños de los medios de trabajo, junto con las deudas o el ahorro, así como las ganancia o las pérdidas, que con esfuerzo y trabajo han conseguido.

Entendido esto, debemos comprender que a la hora de fijar tarifas no se trata de que el Estado ni la sociedad impongan el precio que “sus chóferes” deben cobrar. Los transportistas no son empleados del Gobierno ni de la sociedad, y así como el comerciante y el trabajador independiente tienen la libertad de decidir cuánto cobran por sus servicios, y de la misma forma en que el asalariado puede exigir un incremento de sueldo, sin que nadie les cuestione cuánto ganan ni por qué tanto ni por qué tan poco, los transportistas tienen el derecho de decidir cuánto cobrar por sus servicios.

Entonces, las charlas entre autoridades y vecinos, con dirigentes del transporte, no deben tener el tono de “nosotros vamos a ver si les autorizamos a elevar los precios” sino más bien “conversemos para ver cómo podemos lograr que el aumento sea el menor posible, y les pedimos solidaridad con la población”.

La creación del transporte vecinal, y de todo tipo de alternativas, no sólo es viable, sino que sería muy saludable para alentar la competencia. Abriendo el candado del monopolio, que los transportistas tienen cerrado con un férreo sindicalismo, nos aseguraríamos de obtener mejores servicios a precios razonables.

El segundo problema tiene una solución de largo plazo y otra de corto plazo. La primera pasa por un conjunto de agresivos beneficios para la inversión productiva, acompañados de una seguridad jurídica de hierro. La firma de acuerdos de libre comercio con países de mercados con alto poder adquisitivo (EEUU, Japón, Unión Europea, Australia, Canadá, etc.). El achicamiento del gasto público destinado a burocracia innecesaria y fines no productivos. La concesión de créditos blandos para la producción, junto con asesoramiento técnico que garantice su éxito. Y la liberación de las exportaciones.

La solución de corto plazo es la eliminación de los impuestos y aranceles de importación. Al eliminarlos, el precio de los productos bajaría inmediatamente, y quienes hoy sufren los descuentos impositivos en sus salarios tendrían un incremento salarial de facto.

Lo privado llega a su fin

Cuando muchos de los críticos del gobierno del MAS y de su Constitución vaticinábamos serias vulneraciones a los derechos de propiedad de las personas, se nos tildaba de exagerados y apocalípticos. “La derecha quiere desacreditar el proceso de cambios con anuncios alarmistas sin ningún sustento” se decía. No obstante, aquello que entonces parecían exageraciones de ultra radicales “de derechas” se está confirmando en nuestros días a través de medidas político/legales que poco a poco incrementan los límites a los derechos de propiedad de las personas. Veamos un par de ejemplos:

Se dice que de acuerdo a una reciente instructiva del Consejo de la Judicatura, todos los contratos que sean celebrados entre privados deben ser apropiadamente registrados en las notarías de fe pública y esos registros enviados, en el día de la suscripción de los mismos, a aquel órgano del sistema Judicial.

Es decir que, en los hechos, ya no existirían los contratos privados más que de manera nominal. La privacidad de un contrato consistía en el hecho de que sólo los signatarios del mismo conocían sus términos, pues se trataba de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, que se obligaban a hacer o dejar de hacer algo, y que sólo adquiría el carácter de público cuando alguna de las partes así lo requería.

De esta forma, las transacciones o acuerdos a los que cada individuo pudiera llegar con sus semejantes, así como la forma en que todos decidiesen disponer de su propiedad, era un asunto que solamente concernía a los interesados, no pudiendo intervenir el Estado sino hasta que la libertad o los derechos de alguna de las partes fuesen vulnerados, o cuando alguna de ellas considerase que aquel acuerdo no se habría cumplido en alguno de sus términos.

Ahora, el Estado estaría obligando a todos los ciudadanos a informarle de cada acuerdo, cada transacción, cada movimiento que sea suscrito, con lo que se pone en marcha un control absoluto de las actividades legales de las personas. Cosa que constituye una intromisión del estado en los asuntos de los particulares, vulnerando el derecho privado.

Otro ejemplo es el Decreto Supremo por el que a partir de ahora no se podrá llevar adelante ninguna transacción por una suma igual o mayor a 50 mil bolivianos, cuando ésta no sea a través de cheques, tarjetas o instituciones bancarias.

En otras palabras, su dinero, que es el fruto de su trabajo, parte de su propiedad y patrimonio, del que usted debería poder disponer libremente en las cantidades que requiera y en el momento que le plazca, ahora estará constante y sistemáticamente vigilado por el Estado.

Si usted lo puede notar, esto se trata de un pequeño corralito que limita la libre disponibilidad de su patrimonio, obligándole a revelar cuánto, para qué y con quién está realizando una transacción financiera.

Ambas medidas se refuerzan mutuamente, pues aunque usted tuviera dinero guardado debajo de su colchón para realizar una transacción, por la eliminación del carácter privado de los contratos, a la hora de suscribir uno, se le estará obligando a revelar cuánto dinero invirtió, para que fines, y a quién fue entregado.

Este es un rotundo paso hacia la desaparición de los derechos de propiedad, basado en la restricción gradual, y sistemática eliminación de sus principios, como son la exclusividad, la perpetuidad y el carácter absoluto, así como el libre uso, goce y disposición de la misma.

Replicando a la UDP

Se dice que, como ser racional, el ser humano debería tener la capacidad de aprender de los errores pasados, ya sean estos registrados por la historia, o por la propia experiencia de las personas. Sin embargo, es célebre la definición de Einstein de estupidez, concebida como: hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes.

Bolivia ya vivió una experiencia de intento de controlar los precios rigurosamente, en medio de una economía profundamente estatizada y regulada. Me refiero a la época de la Unión Democrática y Popular (UDP) encabezada por el extinto Hernán Siles Suazo. Buen tipo Dn. Hernán, fue uno de los Presidentes que mayor respeto tuvo por los derechos humanos, y una persona con una notable honestidad. Sin embargo, entre su bondad y buenas intenciones, y las políticas económicas equivocadas, fueron las segundas las que finalmente determinaron el comportamiento económico y social del país, y las que terminaron por suspender su mandato súbitamente.

Largas colas para conseguir pequeños cupos de arroz, azúcar y otros productos de primera necesidad, así como una hiperinflación galopante que llegó al 25.000% acumulado durante esos años, además de tremendos conflictos sociales y disconformidad generalizada, fueron los resultados de políticas económicas similares a las que hoy se intenta aplicar.

Sólo faltan la desdolarización (consistente en cambiarle arbitrariamente a las personas sus dólares por bolivianos), y los paquetes económicos (la introducción masiva de masa monetaria sin respaldo, en el mercado). Después, el cambio del dólar establecido artificialmente a través de criterios oficiales, el intento de regular los precios, y la incertidumbre jurídica y política, están presentes, generando una réplica en pequeña escala de la inflación y las interminables colas de aquellos tiempos. 

¿Por qué repetir el mismo procedimiento, sabiendo cuál va a ser el resultado y, lo que es peor, conociendo que los resultados serán negativos? No se me ocurre otra respuesta que no sea la de Einstein: por estupidez.

Y creo que estamos demasiado grandes, y contamos con muchísimos instrumentos de análisis (la experiencia el mayor de todos) como para decidir comportarnos de manera irracional, y coincidir con la estupidez constante y sistemáticamente, dando tumbos por doquier, o golpeándonos con la misma pared una y otra vez.

Mientras más intenten controlar los precios, más se elevarán éstos. Mientras mayores restricciones se le ponga a los productores, menor será la producción. Mientras más esferas de la economía administre el Estado, mayor ineficiencia y corrupción encontraremos en éstas. Mientras más nacionalizaciones realicemos, menores serán las inversiones y los emprendimientos productivos. Estas son, entre muchas otras, las principales lecciones que deberíamos haber aprendido de la UDP, y de la historia de países como Cuba, la extinta Unión Soviética, o la misma China.

Por mi parte, le ofrezco mi garantía personal de que, mientras el gobierno continúe con las mismas políticas económicas, nunca tendremos prosperidad con Evo Morales.

Emprendimiento privado, garantías para la propiedad, búsqueda de mercados, créditos blandos para la producción junto con asesoramiento técnico, alta capacitación de recursos humanos, una verdadera democracia, y un Estado ocupándose de lo esencial (seguridad ciudadana y jurídica, caminos, educación y salud) con la menor burocracia posible, es la única vía hacia el éxito. El otro, es el camino de la estupidez.

Evo Morales presencia un milagro del capitalismo

El rescate de los mineros atrapados desde el 5 de agosto pasado en Chile ya es un record Guiness, no sólo porque nadie antes en la historia había sobrevivido tanto tiempo atrapado bajo tierra, sino porque es un rescate a profundidad terrestre nunca antes visto.

Pero el deseo del Presidente Morales por presenciar la operación de rescate va más allá de la simple voluntad de haber estado presente durante un acontecimiento nunca antes visto. Se trata de la necesidad de conseguir algo de prestigio urgentemente.

Y es que la forma eficiente y positiva en la que ha actuado el Gobierno chileno en este problema, ha significado para su Presidente, Sebastián Piñera, un halo de éxito de gran rentabilidad política, y Evo Morales, a quien últimamente no le va muy bien resolviendo los problemas de sus propios ciudadanos, pretende que algo de ese prestigio y popularidad le sean transmitidos a través de su presencia en la República de Chile.

La visita de Morales a Chile es, en los hechos, una jugada de marketing político, que pretende mostrar al Presidente de Bolivia presente en un lugar desde donde ya se respira e irradia éxito. Éxito político, éxito tecnológico, éxito espiritual y éxito económico.

Todo este éxito, sin embargo, es fruto de aquellas cosas que Evo Morales ha estado y continúa despreciando. La victoria del rescate de los 33 mineros, es el testimonio de un país que hace ya mucho tiempo decidió ser parte de la globalización, abrir sus fronteras mentales y económicas, y entrar de lleno en el desarrollo y el progreso.

Todos los principios liberales de respeto a la vida, la libertad, la propiedad privada, la iniciativa económica, las inversiones, la libre expresión, el Estado de derecho y otros, han determinado el sitial de la República de Chile, como un país en el que los individuos y, por supuesto, su Estado, ponen a la ciencia, la tecnología y el capital al servicio del ser humano, para alcanzar el bienestar, para salvar vidas y para obtener comodidades.

No logramos tener ni la más remota sospecha de lo que se habría logrado en Chile, si es que en lugar de los beneficios del capitalismo, se hubiera decidido acudir a la “sabiduría ancestral” de los originarios de América.

La presencia de Morales en el rescate, y nuestra posibilidad de verlo por televisión, deberían causar que nos pongamos a pensar seriamente a dónde queremos llegar. ¿Queremos poder rescatar a nuestros compatriotas el día en que se encuentren en una situación similar?, ¿Queremos un Estado con la capacidad y los recursos necesarios para proteger a la gente?, ¿Queremos desarrollo, bienestar y progreso? Si es así, entonces deberíamos revisar seriamente los métodos y caminos elegidos, que nos conducen a un destino totalmente opuesto al que ambicionamos, y deberíamos reencauzar nuestros esfuerzos en el mismo sentido en que lo ha hacho la República de Chile hace ya tantos años.

Escrito para el portal www.boliviademocratica.net

Fidel y los modelos económicos

El ex presidente de facto de Cuba, y líder de la revolución de 1959, Fidel Castro, había admitido (o al menos es lo que hizo entender a la opinión pública mundial), que el modelo económico de planificación estatal no funcionaba ni para la propia Cuba.

"el modelo cubano ya no funciona ni para nosotros" dijo en entrevista con The Atlantic, dirigida por el entrevistador Jeffrey Goldberg y la periodista Julia Sweig.

Lo que la frase dio a entender fue que Castro reconocía el fracaso del modelo económico comunista de planificación estatal, que apoyaba las reformas que, de manera gradual, se han venido ejecutando en Cuba desde que su hermano, Raúl Castro, asumió la presidencia de facto, y que reconocía la necesidad de libre acción económica dentro de un orden social.

Sin embargo, menos de cuatro días después, en la Universidad de la Habana, afirmó "Mi idea, como todo el mundo conoce, es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos, ni para el mundo, al que conduce de crisis en crisis que son cada vez más globales y repetidas (...) ¿Cómo podría servir semejante sistema para un país socialista como Cuba?".

Pero entonces ¿cuál es el modelo que sí serviría, tanto para Cuba como para el mundo? Fidel Castro no lo dijo, lo que hace suponer que en realidad no tiene en mente ninguna propuesta de modelo alternativa tanto al comunista como al capitalista.

Esta contradicción acompañada de falta de propuestas podría explicarse sobre la base del siguiente razonamiento:

En primer lugar, dejaremos de lado las frases “modelo económico comunista” y “modelo económico capitalista”

En segundo lugar, tendremos que convenir en que en realidad existen, con variantes y matices, dos formas de funcionamiento del orden económico, a saber: 1) El orden espontáneo, en el que la acción económica de los individuos es libre, pues no está sometida a los designios de un ente central planificador, y 2) El orden planificado, en el que la acción económica del individuo no es libre, pues es planificada por una burocracia centralizada que define la orientación y los fines del esfuerzo individual.

En tercer lugar, y sobre la base del primer y segundo puntos, podemos generar las siguientes hipótesis: a) Castro admite que el orden económico sometido a una férrea planificación es el que no funciona, por lo que se ha convertido en un partidario de las planificaciones selectivas y parciales. Es decir, que se ha vuelto un keynesiano. b) Castro sabe que solamente con la libre acción económica se puede salir de la eterna e indefinida bancarrota de su país, pero teme decirlo, y está buscando articular una forma de “ser capitalista sin ser capitalista”, o al menos sin admitirlo. c) Castro cree que existe una tercera vía, pero aún no la ha encontrado. d) (La menos probable) Castro está preparando el camino para que, de manera gradual, Cuba se convierta en una sociedad libre.

No sabemos, a ciencia cierta, qué es lo que se trae entre manos el ex presidente de facto de Cuba, Fidel Castro, pero lo seguro es que algo está en movimiento por aquellos lugares, y más temprano que tarde nos enteraremos de lo que se trata.

Escrito para el portal http://www.boliviademocratica.net/

Ley de pensiones debe respetar al ciudadano

Siempre que en Bolivia hemos hablado de una ley de pensiones, hemos sido víctimas de las imposiciones desde el Estado.

Al individuo que aporta para su jubilación nunca se le ha preguntado si quiere que sea una organización del Estado o una privada, la que administre su dinero. Esta decisión siempre ha estado en manos de los burócratas de turno y de su humor ideológico.

Cuando los gobiernos han sido estatistas, ya sea del viejo cuño del nacionalismo, o del nuevo nacional-indigenismo, éstos han entregado el dinero de la gente, sin hacer ninguna pregunta, a las rapaces garras de los burócratas de turno, que lo han hecho desaparecer al mismo tiempo que sus cuentas personales crecían misteriosamente.

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada desterró la corrupción en la administración de pensiones al crear las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), evitando que el dinero de las personas pase por las manos de los políticos, pero tampoco le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con la decisión. La reforma se llevó adelante como siempre, presumiendo que desde el Estado se sabe lo que es bueno para los individuos y sus aportes, y determinando unilateralmente lo que se va a hacer con ellos, sin preguntarles nada.

Hoy se pretende hacer un tanto de lo mismo. Está en puertas la aprobación de una nueva Ley de pensiones, y las partes en debate (si es que la mayoría abrumadora del oficialismo permite algún debate) pretenden que saben mejor que los ciudadanos lo que les conviene.

El debate podrá girar en orno a si la administración de las pensiones es estatal o privada, o si la Ley es más solidaria y redistributiva, o más individualista. La posición que triunfe pretenderá imponerse por encima de cualquier consideración del ciudadano de a pie, demostrando que a ambos grupos políticos les importa muy poco lo que desee la gente.

Sin embargo, lo ideal sería diseñar una Ley de pensiones que le pregunte al aportante cómo es que quiere que su dinero sea administrado. Que le permita al individuo elegir de entre una lista de organizaciones, entre privadas y públicas, quién quiere que administre sus aportes.

Que sea a través de un formulario de preguntas, que el ciudadano decida si opta por la administración pública o privada, si quiere aportar o no a un fondo solidario para quienes no tienen jubilación, si desea realizar un aporte adicional para la jubilación de su cónyuge, si quiere conservar los dividendos de sus aportes o desea donarlos para los más necesitados, si prefiere hacer el aporte mínimo (que se podría establecer) o si quiere incrementarlo voluntariamente en la cantidad que él decida, etc.

El día que se aprobara una Ley de pensiones tal, sería el día que por primera vez habríamos puesto al individuo y sus aspiraciones e intereses, por encima de los caprichos y arbitrios de los políticos de turno. Sería el día en que trataríamos a las personas con la dignidad de seres humanos capaces de tomar sus propias decisiones.