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miércoles, 13 de julio de 2011

Es Estado y los asaltantes

Cuando un asaltante se lleva su dinero o sus bienes, comete un grave delito no sólo por poner en peligro su integridad y utilizar la violencia, sino porque se está llevando su propiedad, que es el resultado del talento, esfuerzo, trabajo y tiempo que usted ha invertido durante su vida, y por lo tanto un pedazo de su existencia. Eso es lo que se llevan los asaltantes, ladrones, estafadores y similares.

Después de haber sido asaltado, usted tendría que tener muy mala suerte para volver a encontrarse con el mismo delincuente, y que éste le vuelva a arrebatar el fruto de su trabajo. Es más, aun si tuviese la mala fortuna de ser asaltado nuevamente, difícilmente será el mismo sujeto.

El Estado es el único ladrón con el que nos encontraremos mensualmente, de aquí hasta el final de nuestros días, para que nos robe el fruto de nuestro esfuerzo a través de los impuestos y demás contribuciones obligatorias.

La maquinaria estatal tiene variadas formas de robar. Están los impuestos que explícitamente se cobran por los salarios y por las operaciones de compraventa (IVA, IT, IUE), así como otros, mas camuflados, que se establecen por la adquisición de ciertos productos o la realización de determinadas acciones, como el Impuesto al Consumo Específico (Que se grava sobre automóviles, cigarrillos, energizantes, bebidas alcohólicas), el Impuesto a las Transacciones Financieras (un porcentaje por cada transacción superior a cierto monto), y un impuesto que se cobra a las remesas provenientes del exterior (no contento con no haberle ofrecido oportunidades y haberlo condenado a sufrir las penurias de ser forastero, el Estado inepto roba parte de su trabajo a los compatriotas en el exterior).

Con la nueva Ley de pensiones, usted debe aportar a fondos solidarios, con lo que el Estado nuevamente mete sus sucias manos en sus bolsillos, buscando, para colmo, utilizar ese dinero para “ayudar” a quienes no han aportado para su jubilación y pretendiendo, de esa forma, ganar indulgencias con avemarías ajenas.

El pretexto de quienes justifican la existencia de impuestos, es que son recursos necesarios para que el Estado funcione. Ese razonamiento sería correcto de no ser que en toda oficina publica se nos cobra valores (sin contar las coimas) para que se hagan las cosas (lentamente y mal por lo general) y que en nuestro caso vivimos en un país cuya administración publica recibe cientos de millones de dólares por negocios de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, peajes, etc. que debieran ser suficientes para que un modesto aparato público, que garantice y proteja nuestras vidas, libertad, propiedad y derechos, funcione correctamente.

Para colmo, si uno se equivoca al llenar formularios de impuestos u otros documentos, es castigado y multado. Cuando se supone que nosotros le hacemos un favor involuntario al Estado, permitiendo que nos robe sistemáticamente para que nuestro dinero muchas veces caiga en los bolsillos de los politiqueros más sucios, improductivos y mediocres, se nos trata como si fuéramos delincuentes. Como si nosotros le debiéramos algo a un Estado que nos pone mas trabas que alicientes para producir y trabajar, que no es capaz de resolver procesos jurídicos con justicia y rapidez, que no nos brinda seguridad ciudadana, que no otorga seguridad jurídica para nuestra propiedad e inversiones, que no resuelve tramites de manera ágil y eficiente, y que, para colmo, se apropia y administra otro tipo de negocios y empresas de servicios, utilizándolas como agencias de empleos y caja chica de los poderosos de turno.

viernes, 3 de septiembre de 2010

Ley de pensiones debe respetar al ciudadano

Siempre que en Bolivia hemos hablado de una ley de pensiones, hemos sido víctimas de las imposiciones desde el Estado.

Al individuo que aporta para su jubilación nunca se le ha preguntado si quiere que sea una organización del Estado o una privada, la que administre su dinero. Esta decisión siempre ha estado en manos de los burócratas de turno y de su humor ideológico.

Cuando los gobiernos han sido estatistas, ya sea del viejo cuño del nacionalismo, o del nuevo nacional-indigenismo, éstos han entregado el dinero de la gente, sin hacer ninguna pregunta, a las rapaces garras de los burócratas de turno, que lo han hecho desaparecer al mismo tiempo que sus cuentas personales crecían misteriosamente.

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada desterró la corrupción en la administración de pensiones al crear las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), evitando que el dinero de las personas pase por las manos de los políticos, pero tampoco le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con la decisión. La reforma se llevó adelante como siempre, presumiendo que desde el Estado se sabe lo que es bueno para los individuos y sus aportes, y determinando unilateralmente lo que se va a hacer con ellos, sin preguntarles nada.

Hoy se pretende hacer un tanto de lo mismo. Está en puertas la aprobación de una nueva Ley de pensiones, y las partes en debate (si es que la mayoría abrumadora del oficialismo permite algún debate) pretenden que saben mejor que los ciudadanos lo que les conviene.

El debate podrá girar en orno a si la administración de las pensiones es estatal o privada, o si la Ley es más solidaria y redistributiva, o más individualista. La posición que triunfe pretenderá imponerse por encima de cualquier consideración del ciudadano de a pie, demostrando que a ambos grupos políticos les importa muy poco lo que desee la gente.

Sin embargo, lo ideal sería diseñar una Ley de pensiones que le pregunte al aportante cómo es que quiere que su dinero sea administrado. Que le permita al individuo elegir de entre una lista de organizaciones, entre privadas y públicas, quién quiere que administre sus aportes.

Que sea a través de un formulario de preguntas, que el ciudadano decida si opta por la administración pública o privada, si quiere aportar o no a un fondo solidario para quienes no tienen jubilación, si desea realizar un aporte adicional para la jubilación de su cónyuge, si quiere conservar los dividendos de sus aportes o desea donarlos para los más necesitados, si prefiere hacer el aporte mínimo (que se podría establecer) o si quiere incrementarlo voluntariamente en la cantidad que él decida, etc.

El día que se aprobara una Ley de pensiones tal, sería el día que por primera vez habríamos puesto al individuo y sus aspiraciones e intereses, por encima de los caprichos y arbitrios de los políticos de turno. Sería el día en que trataríamos a las personas con la dignidad de seres humanos capaces de tomar sus propias decisiones.