Rectifico mi error

Fui uno de los críticos del hecho de que se le diera a esa categoría inventada (indígena originario campesinos) derechos especiales por encima del resto de los ciudadanos, partiendo del principio de igualdad ante la Ley, que debe regir dentro de las sociedades modernas. 

Sin embargo, una de las virtudes que los seres humanos debemos tratar de cultivar, es la de ser capaces de evolucionar nuestras ideas, y no mantenerlas anquilosadas en torno a un conjunto de hipótesis que, al no cambiar ni un ápice, terminan por convertirse en dogmas casi religiosos.

Mi reflexión parte de varios hechos surgidos en torno al problema del TIPNIS. Hablamos de un conjunto de comunidades indígenas, que sobre la base de largas y duras luchas, han podido conquistar una serie de demandas sin las que se habrían visto avasalladas por la mayoría de los bolivianos y sus intereses.

En primera instancia, el año 1990 logran arrancar del Estado el reconocimiento de su territorio, otorgándoseles un título de Tierra Comunitaria de Origen, que coincide con el territorio del Parque Nacional Isiboro Sécure. Posteriormente logran que se constitucionalice su calidad de “naciones”, incorporándose un conjunto de derechos, entre los que se destaca el de la autodeterminación, y ampliándoseles la representación política a través de la creación de representantes específicos, nombrados en sus comunidades a través de usos y costumbres.

Bien, el hecho es que en las últimas semanas se ha demostrado que nada de esto es suficiente. Cualquier burócrata con un proyecto de carretera puede llegar y pasar por encima de títulos de propiedad colectiva, derechos y representantes, sin que parezca, ni por asomo, que las luchas de estas naciones indígenas han llegado finalmente a buen puerto.

Mi error, entonces, ha sido partir del discurso del oficialismo, que afirmaba que los indígenas en Bolivia son mayoría (entre otras cosas, gracias a los datos amañados del último censo) y que, siendo mayoría, se les pretendía otorgar ciertos privilegios. Visto así, por supuesto que no tenía lógica ¿Dónde se ha visto que las mayorías requieran de discriminación positiva o derechos especiales? Una mayoría es perfectamente capaz de elegir a los gobernantes que mejor representen sus intereses; por lo tanto, no tenía sentido darle tales derechos a esa supuesta mayoría indígena.

Vistas las cosas hoy, constatamos que la categoría “indígena originario campesinos” nos hizo perder de vista el hecho de que de entre todos los grupos humanos que se adscriben a ella, existen algunos que efectivamente son minorías y que bien merecerían algún tipo de legislación específica que los proteja a ellos y a sus formas de vida (en suma, a vivir de la manera en que ellos elijan libremente), de la mayoría abrumadora que somos los no indígenas, que podríamos, apelando a nuestros propios intereses o al clásico pretexto de las imposiciones llamado “bien común”, vulnerar la voluntad de estas personas.

El error, entonces, que rectifico hoy, es el de haber previsto las consecuencias de los derechos de los artículos 30, 31 y 32, en base a la demagogia oficial que mezclaba a quienes verdaderamente los requieren, con quienes no los merecen (cocaleros por ejemplo), y abstraerme de la identificación de las naciones minoritarias que sí requieren de una suerte de blindaje contra posibles arbitrariedades de la mayoría.

Creo que ese capítulo cuarto se debe mantener, pero eliminando los términos “originario campesinos” y poniendo únicamente “derechos de las naciones y pueblos indígenas”

MAS=Colonialismo, tradicionalismo y mañuderío

Aunque muchos no me puedan creer, me apena que el Movimiento Al Socialismo (MAS) haya terminado mostrando un espíritu, no sólo autoritario (señales de esto ya las hemos visto durante los últimos años), sino también colonialista y tradicionalista. Me apena por toda la ilusión y expectativa que el ascenso de Evo Morales generó en su momento, y que ahora se desintegra en acciones insensatas, arbitrarias e ilegales.

El MAS es colonialista, porque se niega a mirar a los indígenas de frente y a tratarlos como iguales, como a seres humanos con criterio y razonamiento, capaces de tomar sus propias decisiones y hacer valer sus derechos.

En cambio, lo que hace es lo que siempre se hizo en la historia de los colonialismos, a saber: Asumir que el MAS, sus políticos y sus dirigentes, son intelectualmente más avanzados que unos indígenas a los que asemejan a niños en su inmadurez, y decidir por ellos lo que mejor les conviene, definir por ellos la clase de “progreso” y “desarrollo” que deben alcanzar, y pasar por encima de sus derechos territoriales y de consulta, pretendiendo que se hace “lo mejor para ellos”

El MAS es tradicionalista, porque su máximo líder convocó a los jóvenes cocaleros a “conquistar” a las jóvenes indígenas para “convencerlas” de la conveniencia de la carretera, mostrando el machismo más tradicional y asqueroso que aun pervive en amplios sectores de nuestra sociedad. Es tradicionalista, también, porque, para variar, la construcción de esa carretera presenta serias irregularidades, que hacen pensar que se trataría de otro tradicional y asqueroso negocio político a costa del pueblo boliviano.

El MAS es mañudo, porque cuando el Vicepresidente interpreta el numeral 15 del parágrafo II del artículo 30 de la Constitución: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”. Trata de engañar a los indígenas y a todos nosotros, diciéndonos que la consulta sólo sería aplicable cuando se trate de explotación de recursos naturales no renovables.

Este numeral establece, en el primer párrafo que precede al punto seguido, una regla general: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.” Y luego, dentro del marco de esa regla general “En este marco” se pone énfasis en un caso específico “se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”

Entonces, el hecho de que en este problema no se aplique el caso específico de la explotación de recursos naturales, no da pié a que se elimine la aplicación de la regla general, consistente en consultarles cuando se prevean medidas susceptibles de afectarles.

García Linera muestra que, además de autoritario, es un sofista dispuesto eliminar derechos territoriales que protegen la forma de vida de una minoría vulnerable, y el pulmón que beneficia a todos los bolivianos y al mundo entero.

La Constitución es papel quemado

El Gobierno ha anunciado que los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que fueron vistos quemando un ejemplar de la Constitución Política del Estado (CPE), podrían ser enjuiciados por sólo Dios sabe qué delito.

En primer lugar, son cínicos e hipócritas quienes lo anunciaron, pues todos recordamos que a los de la anterior UJC (aquellos que golpeaban gente en plena calle y delante de los medios de comunicación, presumiéndolos del MAS), no les iniciaron ningún juicio, ni el ministerio público presentó de oficio demanda alguna, y más bien terminaron siendo sus aliados para las elecciones del 2009. ¡Claro!, seguro que quemar un ejemplar de la CPE es mucho más grave que golpear a la gente.

En segundo lugar ¿desde cuándo se nos ha prohibido protestar contra normas que consideramos injustas o inútiles, utilizando el fuego como recurso?, ¿el siguiente paso será enjuiciar a quien queme muñecos que representen a Evo Morales?

Creo, sinceramente, que si las cosas siguen como van, los de la UJC no son los únicos que van a quemar un ejemplar de la CPE, yo también lo voy a hacer, y no creo que vayamos a ser los únicos.

Ese librejo al que jocosamente le llaman Constitución, tiene muchos párrafos que pretenden ser principios, pero que el gobierno ha terminado convirtiéndolos en chistes. Por ejemplo, el chiste del artículo 12 parágrafo I, dice que “La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.” Evidente pantomima, pues Evo Morales ha aplicado el dedazo para tener a sus alarifes en estas instituciones, con contadas excepciones, que desaparecerán una vez que se “elija” (otro chiste más) a las nuevas autoridades del Órgano Judicial de entre los masistas que nos impongan desde el Legislativo.

Esta lista de mentiras dice en su art. 116 que “Se garantiza la presunción de inocencia.” Otro chiste del que se ríen cada vez que afirman que existen “corruptos confesos”, “racistas confesos” y que deben “demostrar su inocencia”.

Dice también este librillo en su art. 21 sobre derechos “5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.” Más payasadas de este mamotreto, que son desmentidas por la Ley Electoral, la Ley Contra el Racismo y ese Reglamento aprobado recientemente, que dejan sin voz a los medios y a los candidatos (que de todos modos, sino todos, la mayoría serán del MAS), y sordos y ciegos a los electores.

Mientras este libro de burlas dice en su art. 115 parágrafo II que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”, los legisladores masistas prohíben a los abogados, so pena de renunciar a la carrera judicial, defender presuntos (téngase muy en cuenta que la palabra “presunto” implicaría la aplicación del art. 116, que ya sabemos es un chiste) narcos, separatistas, etc.

Vuelvo a reír cuando en el art. 14 parágrafo III leo “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.” ¿perdón, cuál Estado garantiza qué?, ¿de qué Estado me hablan en este libro de fantasías hilarantes?

Lo privado llega a su fin

Cuando muchos de los críticos del gobierno del MAS y de su Constitución vaticinábamos serias vulneraciones a los derechos de propiedad de las personas, se nos tildaba de exagerados y apocalípticos. “La derecha quiere desacreditar el proceso de cambios con anuncios alarmistas sin ningún sustento” se decía. No obstante, aquello que entonces parecían exageraciones de ultra radicales “de derechas” se está confirmando en nuestros días a través de medidas político/legales que poco a poco incrementan los límites a los derechos de propiedad de las personas. Veamos un par de ejemplos:

Se dice que de acuerdo a una reciente instructiva del Consejo de la Judicatura, todos los contratos que sean celebrados entre privados deben ser apropiadamente registrados en las notarías de fe pública y esos registros enviados, en el día de la suscripción de los mismos, a aquel órgano del sistema Judicial.

Es decir que, en los hechos, ya no existirían los contratos privados más que de manera nominal. La privacidad de un contrato consistía en el hecho de que sólo los signatarios del mismo conocían sus términos, pues se trataba de un acuerdo de voluntades entre dos o más partes, que se obligaban a hacer o dejar de hacer algo, y que sólo adquiría el carácter de público cuando alguna de las partes así lo requería.

De esta forma, las transacciones o acuerdos a los que cada individuo pudiera llegar con sus semejantes, así como la forma en que todos decidiesen disponer de su propiedad, era un asunto que solamente concernía a los interesados, no pudiendo intervenir el Estado sino hasta que la libertad o los derechos de alguna de las partes fuesen vulnerados, o cuando alguna de ellas considerase que aquel acuerdo no se habría cumplido en alguno de sus términos.

Ahora, el Estado estaría obligando a todos los ciudadanos a informarle de cada acuerdo, cada transacción, cada movimiento que sea suscrito, con lo que se pone en marcha un control absoluto de las actividades legales de las personas. Cosa que constituye una intromisión del estado en los asuntos de los particulares, vulnerando el derecho privado.

Otro ejemplo es el Decreto Supremo por el que a partir de ahora no se podrá llevar adelante ninguna transacción por una suma igual o mayor a 50 mil bolivianos, cuando ésta no sea a través de cheques, tarjetas o instituciones bancarias.

En otras palabras, su dinero, que es el fruto de su trabajo, parte de su propiedad y patrimonio, del que usted debería poder disponer libremente en las cantidades que requiera y en el momento que le plazca, ahora estará constante y sistemáticamente vigilado por el Estado.

Si usted lo puede notar, esto se trata de un pequeño corralito que limita la libre disponibilidad de su patrimonio, obligándole a revelar cuánto, para qué y con quién está realizando una transacción financiera.

Ambas medidas se refuerzan mutuamente, pues aunque usted tuviera dinero guardado debajo de su colchón para realizar una transacción, por la eliminación del carácter privado de los contratos, a la hora de suscribir uno, se le estará obligando a revelar cuánto dinero invirtió, para que fines, y a quién fue entregado.

Este es un rotundo paso hacia la desaparición de los derechos de propiedad, basado en la restricción gradual, y sistemática eliminación de sus principios, como son la exclusividad, la perpetuidad y el carácter absoluto, así como el libre uso, goce y disposición de la misma.

Sobre verdugos y guillotinas

Evo Morales ha conseguido, siguiendo el libreto hábilmente diseñado por la totalitaria mente de García Linera, un poder que día a día aleja a su Gobierno de la posición democrática, a la vez que lo aproxima más a la posición absolutista.

Es por ello que es cierto que muy difícilmente ahora se pueda poner un alto a las innumerables arbitrariedades que cometen los burócratas de la era Morales. Dos tercios en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional; fiscales nombrados a dedo por el Presidente, con el poder de suspender a autoridades electas por el pueblo; miembros del Órgano Judicial y Electoral elegidos directamente por Evo Morales; leyes diseñadas y aprobadas por el régimen masista, que les posibilitan utilizar la justicia como un instrumento para restringir la libre expresión, para perseguir a las personas por razones políticas, para intimidar, reprimir, someter, encarcelar, censurar, etc. son los principales mecanismos que hacen que hoy en Bolivia vivamos una réplica moderna y refinada de la época del terror posterior a la Revolución Francesa.

A nuestro siniestro Vicepresidente le gusta verse como el último de los jacobinos, y ver a Morales como Robespierre. Su analogía es precisa, porque los verdugos de hoy son jueces, fiscales y ministros anti corrupción, y la guillotina son las leyes que quebrantan los universales derechos de presunción de inocencia, equilibro y división de poderes, irretroactividad de la Ley, respeto de la propiedad privada, principio del juez natural, derecho a un tribunal y control de constitucionalidad, etc.

Se dice que es mentira que exista persecución política, o judicialización de la política, y sin embargo son solamente los líderes no afines al régimen de gobierno quienes están siendo procesados y perseguidos. Algunos con argumentos aparentemente suficientes, otros con los justificativos más rebuscados y absurdos. Pero el hecho es que, con argumentos o no, son solamente personalidades y líderes contestatarios quienes están siendo enviados a la guillotina. 

¿Qué pasó con Juan Camión Quintana y sus 33 camiones de contrabando?, ¿Y qué con el senador borracho de apellido Surco y con nombre de dictador caribeño?, ¿Qué hay con las imágenes de senadores y ministros del MAS alentando la violencia el 11 de enero en Cochabamba?, estos y otros casos que no están siendo investigados sirven para demostrar que sí estamos frente a una persecución política, pues la guillotina se está aplicando de manera selectiva contra quienes son considerados enemigos del régimen.

Todos sabemos que tarde o temprano nos puede tocar la guillotina, pues el proceso se viene realizando por etapas. Primero son los más grandes, luego los medianos, y finalmente los pequeños, pero sin duda que a todos los considerados parte de la “escoria neoliberal”, enemigos del  “proceso de cambio”, o “contrarrevolucionarios”, nos tocará el turno de ser juzgados por los tribunales del terror y la vergüenza. 

Pero también sabemos que las cosas cambian, que la justicia y la libertad siempre terminan por triunfar mientras existamos personas dispuestas a defenderlas, y que tarde o temprano, también, Robespierre y su régimen terminarán siendo enjuiciados con sus mismas leyes, y ejecutados por su misma guillotina.

Como comentario aparte: García Linera a tachado de bobo a Vargas Llosa… no puedo hacer más que reírme cuando veo a una pulga tratando de dañar a un gigante. Porque me pregunto ¿quién es el bobo aquí?

Seguridad jurídica

El jueves de la semana pasada asistí a la presentación del resultado del proyecto de saneamiento legislativo, financiado e impulsado por el invaluable apoyo del programa CONCED de la GTZ, que es la cooperación alemana, a iniciativa de la Vicepresidencia del Estado.

Se trata de un disco compacto con el conjunto de leyes sancionadas y promulgadas en Bolivia, y ordenadas sistemáticamente. Algunas de las cosas más interesantes de este trabajo, son que deja en claro cuáles leyes aún están en vigencia, esclareciendo y precisando qué artículos o normas completas han sido derogadas o abrogadas implícita o explícitamente, de tal forma que establece cuáles son los efectos concretos de la clásica disposición transitoria de “quedan derogadas y abrogadas todas las normas que contradigan la presente Ley”; por otro lado, también contiene una interesante matriz comparativa entre las distintas leyes y la Constitución, que expone en que magnitudes son compatibles, poco compatibles o incompatibles entre sí, explicando por qué y mostrando posibles vías para solucionar incompatibilidades.

No puedo hacer más que felicitar y agradecer a la GTZ por el trabajo realizado, y también a la Vicepresidencia, pues aunque este problema no era el único escollo para lograr seguridad jurídica, indudablemente conocer con precisión cuáles o qué partes de las leyes están vigentes, es un componente importante de ella.

Debo decir, sin embargo, que continúo preocupado por otros componentes esenciales para que exista verdadera seguridad jurídica. Me refiero a la claridad de las normas, y a la fortaleza del Estado.

Y es que no sirve de nada que conozcamos con precisión cuáles son las leyes que están en vigencia, mientras tengamos algunas tan absurdas como la Ley Contra el Racismo, que propicia peligrosísimos márgenes de interpretación para que los burócratas del gobierno se dediquen a controlar y censurar el pensamiento y la opinión. Será inútil conocer cuáles son las leyes que están vigentes, si de todos modos no sabemos cómo diablos se irán a interpretar. Esto es los mismo que no saber nada, pues la libre interpretación es sinónimo de libre capricho del burócrata, lo que, a la vez, es equivalente a tener normas que legalizan nuestro sometimiento a dichos caprichos.

Por otro lado, la fortaleza del Estado, que no es más que su capacidad de hacer cumplir la ley, es necesaria para que esas normas efectivamente se cumplan. De nada sirve que la Constitución diga en su artículo 18 que “la máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto.” si cotidianamente se perpetran asesinatos comunitarios, sin que el Estado asuma ningún control. Tampoco sirve de nada que el artículo 21 nos brinde el derecho “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.” O que el 106 diga que “El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.” si el mismo Gobierno aprueba una Ley que elimina esta libertad y establece la censura previa.

Finalmente, la protección para los individuos frente a leyes injustas y coartadoras de derechos, así como una estructura normativa que limite el poder del Gobierno, también es parte de la seguridad jurídica. Por lo que aún hay mucho trabajo pendiente.

El fallido estreno de la mordaza

Subeditorial de Los Tiempos, 20 de octubre de 2010

Tarde o temprano tenía que estrenarse la flamante ley 45. Y como era de suponer, lo hace a través de es una acusación contra un medio de comunicación. El diario orureño La Patria, el segundo diario más antiguo de nuestro país, es el que tiene el privilegio de ser el primer acusado y el Honorable Concejo Municipal de Oruro la vergüenza de ser el primer acusador.

El caso es muy simple. El pasado martes, una concejala del Movimiento Sin Miedo (MSM) informó que el órgano deliberante orureño decidió iniciar un proceso en contra del rotativo por publicar “información discriminatoria” que “mella la dignidad” de algunos concejales del municipio.

A falta de una, son dos las causales del proceso. La primera, que el diario orureño empleó la palabra “concejil” en vez de “concejal” para referirse a algo relativo al Honorable Concejo. El término “concejil”, según el buen saber y entender de la concejil orureña, conlleva una carga despectiva y discriminatoria. Pero como si eso fuera poco, el diario agravó su falta al calificar como “bochornosa” una sesión de tan ilustre órgano deliberante. Y como consideran que “bochornoso” y “concejil” son términos discriminatorios, quieren que la ley 45 le caiga a La Patria encima con todo su rigor.

Felizmente, el presidente del Concejo desautorizó a la suspicaz concejil y se conformó con exigir al matutino una explicación por su discriminatorio proceder. Pero de nada valió que con el Diccionario de la Real Academia Española en la mano la directora demostrara que “concejil” es “perteneciente o relativo al concejo”, pues las autoridades orureñas insisten en que el término “mella su honor”.

El Gobierno de Bolivia y el asalto a la libertad

La supresión de la posibilidad de que los lectores de las diferentes versiones electrónicas de los principales diarios del país puedan ingresar comentarios a las noticias o a las columnas editoriales y de opinión, así como el anuncio de que se realizará una “clasificación” de libros para saber si están dentro de la categoría de “racistas”, además de que ahora la gente tiene más temor de decir en voz alta lo que piensa, son las primeras consecuencias de la aprobación de la Ley antirracismo.

Y es que ahora ya no importa si suprimir la opción de comentarios en los sitios web de los periódicos es una restricción a la libertad que tenían todos los ciudadanos de criticar o apoyar sus lecturas, sus ideas o sus preferencias. Tampoco si los primeros libros que se ha anunciado censurar son los históricos escritos de Gabriel René Moreno y Alcides Arguedas, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus ideas. Y menos interesa que no sólo la prensa, sino también los ciudadanos, hayan comenzado a cuidar lo que dicen y escriben.

El hecho es que el Gobierno ha comenzado a ensamblar el mecanismo necesario para establecer la verdad oficial, y para imponer la moral y la ética de los que mandan sobre toda la sociedad, penalizando las que pudieran no comulgar con las suyas.

Dos componentes más de este mecanismo son una ley que castigará los comerciales y escenas sexistas que se difundan por los medios de comunicación, y una nueva Ley del Trabajo que establecerá normas para regular medidas de protesta como las marchas y las huelgas.

Mientras este mecanismo totalitario es astuta, paciente y sistemáticamente ensamblado, siguen, dentro de la sociedad boliviana, silenciadas muchas voces cómplices conscientes de este error, pero que se niegan a manifestarse por conveniencia o por temor, y continúan los corifeos vociferantes cantando glorias para el Gobierno del cambio y para el líder espiritual de los oprimidos.

“Así muere la libertad, con un estruendoso aplauso.” Son las palabras que el personaje de una afamada saga de ciencia ficción pronunció al dársele poderes extraordinarios a un futuro emperador, y son las palabras con que podemos describir lo que sucede en Bolivia.

Este es el proceso de pérdida gradual de la libertad, que ya se veía venir desde hace mucho, pero que tantos ciudadanos, aún hoy, se negaron y se niegan a reconocer.

Escrito para el portal www.boliviademocratica.net

Debo confesar que estoy invadido por una mezcla de sentimientos: Por un lado, me emociona estar presenciando, en vivo, el proceso a través del que una sociedad pierde su libertad de manera gradual, y aún hay muchos que lo aplauden. Pero, por otro lado, me mata la impotencia. Porque esa sociedad es la mía, y no puedo hacer nada para evitarlo.

Por el derecho a pensar diferente y decirlo

Es conocida la incomodidad del Presidente Morales y su régimen de gobierno con los periodistas y, más específicamente, con la libertad de prensa. Tan es así, que en varias ocasiones el Presidente ha aprovechado sus intervenciones públicas para atosigar a la prensa, declarando a los medios sus principales enemigos, humillando a periodistas públicamente, o comparándolos con pollos de granja o vuvuzuelas africanas.

El rechazo y rencor presidenciales, sin embargo, no son solamente contra los periodistas y los medios, sino contra el principio por el que cualquier ciudadano puede hacer declaraciones, preguntas, investigaciones, interpretaciones o revelaciones que pudieran incomodar al régimen de gobierno.

Se trata del principio de libre expresión, a través del que las personas de un país libre difundimos, a veces simple y pura información, y en ocasiones opinión, análisis e interpretación.

Este principio está consagrado en la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 5, que dice que las bolivianas y los bolivianos tenemos derecho “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.” Que es reforzado por el numeral 6 que incluye el derecho “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.”

Así mismo, en el artículo 106, referido a la comunicación social, dice que “II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.” Y a continuación “III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.”

Note usted que en ninguno de los casos se dice que la libre expresión será regulada por legislación alguna, por lo que la Ley mordaza, recientemente aprobada, no sólo sería un atentado contra los principios de una sociedad libre, sino también una norma inconstitucional.

El Gobierno ha respaldado la aprobación de su Ley contra el derecho a pensar diferente y poder decirlo con libertad, en la preocupación de la sociedad por la sensación de que en el país existe racimo. Esa preocupación, junto con las reflexiones de sectores de la sociedad, pensadores y políticos, podría haber dado como resultado una Ley que no necesariamente sea punitiva y acuda a la coerción para combatir un mal que al final de cuentas depende de la moral y la conciencia de las personas, sino que apunte a la educación y la prevención, a través de una campaña de formación de valores para la construcción de una sociedad tolerante.

Pero si de lo que hablamos es de la elaboración de un instrumento más para perseguir jurídicamente a quien disienta, y para callar la crítica y la opinión diferente, no existirá argumento que valga y, más bien, será absolutamente comprensible que Morales y su Gobierno continúen revelándonos su espíritu totalitario, y mantengan la Ley como está.

El poder que el Presidente se está dando a sí mismo, para silenciar voces y cerrar medios de comunicación, respaldado en una Ley anti libertaria, no lo ha tenido ningún dictador en la historia de Bolivia. Ellos al menos tenían la decencia de llegar con militares y armas, apresar ciudadanos y periodistas, y quemar o tomar el medio, sin pretender que les creamos que seguimos viviendo en democracia.

Llorenti: gran defensor de los derechos de las mujeres

Por: Kathia Castellón Salamanca*

El antes defensor de los DDHH y ahora incongruente ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, se convierte (coyunturalmente) en el gran defensor de los derechos de las mujeres frente al pronunciamiento de la Iglesia en desacuerdo con la ley contra el racismo, señalando que la Iglesia también es discriminadora al prohibir a las mujeres ejercer el sacerdocio.

Lo interesante del caso es que este Señor solo se pronuncia cuando le conviene utilizar un tema muy controversial y de carácter privado (de La iglesia), con la intención de subir en las encuestas de popularidad que lo muestran actualmente como el peor de los ministros del Gobierno de Morales.

Hace ya varias semanas cuando el Presidente Evo Morales señaló públicamente que Irán era un País pacifista, muchos movimientos que defienden los derechos humanos, repudiaron estas declaraciones, manifestando que en ese país se vulneran los Derechos Humanos con penas inhumanas y crueles como la lapidación a la que son sujetas las mujeres (ojo sólo las mujeres) Iraníes frente al adulterio, siendo éstas tratadas como seres inferiores a los hombres que no están sujetas al mismo trato jurídico.

En esa ocasión, la indiferencia que ya es muy usual en los Ministros no se hizo esperar, me imagino que el Ministro Llorenti no considera esa desigualdad jurídica en Irán como un acto de discriminación a las mujeres a quien tanto ahora defiende, y mas aún cuando no solo se trata de un acto de discriminación sino la vejación a los Derechos Humanos estén estos dirigidos a hombres o a mujeres, ya que la lapidación a un ser humano no solo es un asesinato, es un acto de lesa humanidad que pretende la muerte lenta y dolorosa de un individuo, en este caso, según la ley Iraní, de las mujeres “adúlteras”, donde la pena es totalmente desproporcional con el hecho. ¡Gracias a Dios en nuestro país el adulterio sólo es una causal de Divorcio! Eso, en razón de que nadie puede ser asesinado ni apedreado hasta la muerte por no amar a su esposo o esposa, de lo contrario la recolección de piedras en Urkupiña no abastecería para ejecutar la pena a los infieles.

Es preocupante que una autoridad de Gobierno y ex defensor de los Derechos Humanos, no preste atención a temas mucho mas importantes que criticar y acusar a la Iglesia de Discriminadora con relación a un tema que no atenta contra la vida de las mujeres, como lo es la restricción al sacerdocio, frente a los asesinatos que se cometen en países con los que hoy estamos estrechando lazos de amistad calificándolos de pacifistas.

Creo que es demasiado bajo utilizar y servirse de las mujeres, ancianos, niños, e indígenas como escudo, frente a las medidas políticas e implementación de normas atentatorias a la libertad de pensamiento y expresión garantizadas en el Art. 21 inc. 3 y 5 de la Constitución Política del Estado vigente. Esto también podría considerarse como un acto de discriminación a la población Boliviana, porque sus autoridades parecen considerarla de imbéciles e ingenuos.

*La autora es abogada

Reforma constitucional: única vía para reelección de Morales en Bolivia

La constatación de la imposibilidad, al menos por vías legales, de que el Presidente Evo Morales esté habilitado para candidatear a una reelección en el año 2014, se fundamenta en la Constitución Política del Estado (CPE):

De acuerdo al artículo 168 de la CPE “El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.”

Es decir que, cuando un Presidente o Vicepresidente ya cumplió una gestión, solamente puede ir a la reelección por una única vez, de manera consecutiva.

Este artículo abre, sin embargo, la posibilidad de que un ciudadano pueda ser reelegido de manera discontinua indefinidamente. En el caso de Evo Morales, por ejemplo, podría no postular a la reelección el año 2014, pero perfectamente hacerlo para el año 2019.

El viceministro de coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, ha afirmado que este artículo de la CPE no se aplicaría al Presidente Morales, puesto que, según él, este sería en realidad su primer mandato, desde la perspectiva de que la contabilización de mandatos comenzaría de cero a partir de la aprobación de la Constitución del 2009.

Empero, parece que el señor Chávez va a tener que volver a la facultad de derecho, pues olvida que en la disposición transitoria primera de la CPE, parágrafo II, se establece que “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.”

Disposición que, sumada a lo que prescribe el artículo 168, deja meridianamente claro que el mandato de Evo Morales, ejercido desde el año 2006 hasta el año 2010, debe ser tomado en cuenta como una primera elección bajo el arbitrio de la nueva Constitución, y que, por lo tanto, su victoria electoral de diciembre de 2009 constituye una reelección, consecutiva a ese primer mandato.

Aunque se debe respetar la primacía de la Constitución como norma suprema del orden jurídico del país, vale la pena apuntar que también en la Ley Electoral Transitoria (Ley 4021), en su artículo 25, parágrafo II, se establece que “En aplicación de la disposición transitoria primera, parágrafo segundo, de la CPE, el cómputo de mandatos constitucionales se regirá de conformidad a siguientes:

a) Se computará como primer periodo, el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado.

b) Para el efecto del cómputo se considerarán los mandatos correspondientes al mismo cargo.

Esta Ley, no sólo fue promulgada por Evo Morales en persona, sino que fue la base legal para la realización de las elecciones que le hicieron Presidente por segunda vez consecutiva, por lo que desconocerla sería un despropósito.

Si embargo, se debe insistir en que es la CPE la norma principal que deja bien clara la imposibilidad de la reelección.

Entonces el único camino legal posible, si el oficialismo quiere viabilizar una nueva reelección, es una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) que modifique el artículo 168. Otro camino será incurrir en la ilegalidad.

Para ello habrá que considerar, también, el artículo 411 de la CPE, que en su parágrafo II dice: “La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.”

Por lo que el camino es posible pero, como hemos venido insistiendo, a través de una reforma al artículo 168, que necesariamente deberá ser aprobada por los bolivianos en un referéndum nacional.

Escrito para el portal http://www.boliviademocratica.net