El representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, ha puesto en entredicho a la administración de justicia en Bolivia. En su criterio “El Poder Judicial se ha vuelto permeable a la influencia política, por lo que el Gobierno debe garantizar la estricta observancia de la presunción de inocencia, el debido proceso y el juicio justo en todos los procesos.”
Lo que viene a reforzar la afirmación de que el Gobierno utiliza al Órgano Judicial con fines políticos, uno de los cuales es la persecución jurídica contra líderes de oposición. No es poca cosa que lo diga un representante de la ONU, y mucho menos cuando ya Brasil, Perú, Paraguay y Estados Unidos han recibido como refugiados a ciudadanos bolivianos, presumiendo que efectivamente son perseguidos políticos. Esto es, en los hechos, un reconocimiento de la comunidad internacional de que en Bolivia, por lo menos, la justicia no es de fiar.
La detención y pronto juicio contra el general Sanabria en Estados Unidos, que desnudó la fragilidad en que la institucionalidad del Estado boliviano se encuentra frente a las mafias y la tentación del enriquecimiento fácil a través del narcotráfico, ha venido a reforzar la idea de que el Gobierno de Morales está actuando con excesiva permisividad ante el cultivo excedente de coca y el mismo narcotráfico. Ya de nada sirven las afirmaciones, entre agresivas y contundentes, de que Bolivia es más digna y más efectiva sin la DEA, pues fue ésta, junto con las instituciones policiales chilena y panameña, la que consiguió desenmascarar a narcos dentro del seno mismo de la inteligencia antinarcóticos del Ministerio de Gobierno.
Pero eso no es todo. No solamente Estados Unidos, Chile y Panamá le están mostrando en sus narices a Bolivia que sí existe narcotráfico en mayores proporciones y que está infiltrado en la institucionalidad estatal, sino que Eduardo Cardozo, ministro de Justicia brasileño, ha afirmado que el 60 por ciento de la cocaína que ingresa en su país proviene de Bolivia. Por si fuera poco, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), una agencia de la ONU, advirtió en semanas pasadas que en Bolivia se han incrementado los cultivos de coca hasta 30.900 hectáreas, muy por encima de lo que dispone la ley para el consumo tradicional (poco más de 12.000 hectáreas).
También están los prediarios, el aumento salarial, y los siempre presentes pobreza y desempleo, que han terminado configurando para Evo Morales un escenario muy diferente a ése en el que se desenvolvió los últimos cinco años, y que le han obligado a acudir al viejo truco del chauvinismo nacionalista y patriotero del mar.
¿Qué mejor momento para hablar de mar e iniciar una supuesta arremetida jurídica internacional contra la República de Chile, que cuando los conflictos son muchos y las salidas inexistentes? Claro, ahora Evo Morales y sus burócratas se visten de heroicos cruzados marchando al extranjero para vencer al odioso usurpador, por lo que el país todo debe olvidar “pequeñas diferencias” y problemas esenciales, para desear suerte y apoyar a los magníficos guerreros de la patria que, hartos de 132 años de pérdidas de tiempo y engaños, han decidido iniciar una gloriosa marcha hacia los campos de batalla judiciales extranjeros.
Muy oportuno para un gobierno que comienza a cosechar los deformes frutos de la mala semilla que comenzó a sembrar en 2006.
Lo que viene a reforzar la afirmación de que el Gobierno utiliza al Órgano Judicial con fines políticos, uno de los cuales es la persecución jurídica contra líderes de oposición. No es poca cosa que lo diga un representante de la ONU, y mucho menos cuando ya Brasil, Perú, Paraguay y Estados Unidos han recibido como refugiados a ciudadanos bolivianos, presumiendo que efectivamente son perseguidos políticos. Esto es, en los hechos, un reconocimiento de la comunidad internacional de que en Bolivia, por lo menos, la justicia no es de fiar.
La detención y pronto juicio contra el general Sanabria en Estados Unidos, que desnudó la fragilidad en que la institucionalidad del Estado boliviano se encuentra frente a las mafias y la tentación del enriquecimiento fácil a través del narcotráfico, ha venido a reforzar la idea de que el Gobierno de Morales está actuando con excesiva permisividad ante el cultivo excedente de coca y el mismo narcotráfico. Ya de nada sirven las afirmaciones, entre agresivas y contundentes, de que Bolivia es más digna y más efectiva sin la DEA, pues fue ésta, junto con las instituciones policiales chilena y panameña, la que consiguió desenmascarar a narcos dentro del seno mismo de la inteligencia antinarcóticos del Ministerio de Gobierno.
Pero eso no es todo. No solamente Estados Unidos, Chile y Panamá le están mostrando en sus narices a Bolivia que sí existe narcotráfico en mayores proporciones y que está infiltrado en la institucionalidad estatal, sino que Eduardo Cardozo, ministro de Justicia brasileño, ha afirmado que el 60 por ciento de la cocaína que ingresa en su país proviene de Bolivia. Por si fuera poco, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), una agencia de la ONU, advirtió en semanas pasadas que en Bolivia se han incrementado los cultivos de coca hasta 30.900 hectáreas, muy por encima de lo que dispone la ley para el consumo tradicional (poco más de 12.000 hectáreas).
También están los prediarios, el aumento salarial, y los siempre presentes pobreza y desempleo, que han terminado configurando para Evo Morales un escenario muy diferente a ése en el que se desenvolvió los últimos cinco años, y que le han obligado a acudir al viejo truco del chauvinismo nacionalista y patriotero del mar.
¿Qué mejor momento para hablar de mar e iniciar una supuesta arremetida jurídica internacional contra la República de Chile, que cuando los conflictos son muchos y las salidas inexistentes? Claro, ahora Evo Morales y sus burócratas se visten de heroicos cruzados marchando al extranjero para vencer al odioso usurpador, por lo que el país todo debe olvidar “pequeñas diferencias” y problemas esenciales, para desear suerte y apoyar a los magníficos guerreros de la patria que, hartos de 132 años de pérdidas de tiempo y engaños, han decidido iniciar una gloriosa marcha hacia los campos de batalla judiciales extranjeros.
Muy oportuno para un gobierno que comienza a cosechar los deformes frutos de la mala semilla que comenzó a sembrar en 2006.
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