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miércoles, 18 de mayo de 2011

La Constitución es papel quemado

El Gobierno ha anunciado que los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) que fueron vistos quemando un ejemplar de la Constitución Política del Estado (CPE), podrían ser enjuiciados por sólo Dios sabe qué delito.

En primer lugar, son cínicos e hipócritas quienes lo anunciaron, pues todos recordamos que a los de la anterior UJC (aquellos que golpeaban gente en plena calle y delante de los medios de comunicación, presumiéndolos del MAS), no les iniciaron ningún juicio, ni el ministerio público presentó de oficio demanda alguna, y más bien terminaron siendo sus aliados para las elecciones del 2009. ¡Claro!, seguro que quemar un ejemplar de la CPE es mucho más grave que golpear a la gente.

En segundo lugar ¿desde cuándo se nos ha prohibido protestar contra normas que consideramos injustas o inútiles, utilizando el fuego como recurso?, ¿el siguiente paso será enjuiciar a quien queme muñecos que representen a Evo Morales?

Creo, sinceramente, que si las cosas siguen como van, los de la UJC no son los únicos que van a quemar un ejemplar de la CPE, yo también lo voy a hacer, y no creo que vayamos a ser los únicos.

Ese librejo al que jocosamente le llaman Constitución, tiene muchos párrafos que pretenden ser principios, pero que el gobierno ha terminado convirtiéndolos en chistes. Por ejemplo, el chiste del artículo 12 parágrafo I, dice que “La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.” Evidente pantomima, pues Evo Morales ha aplicado el dedazo para tener a sus alarifes en estas instituciones, con contadas excepciones, que desaparecerán una vez que se “elija” (otro chiste más) a las nuevas autoridades del Órgano Judicial de entre los masistas que nos impongan desde el Legislativo.

Esta lista de mentiras dice en su art. 116 que “Se garantiza la presunción de inocencia.” Otro chiste del que se ríen cada vez que afirman que existen “corruptos confesos”, “racistas confesos” y que deben “demostrar su inocencia”.

Dice también este librillo en su art. 21 sobre derechos “5. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.” Más payasadas de este mamotreto, que son desmentidas por la Ley Electoral, la Ley Contra el Racismo y ese Reglamento aprobado recientemente, que dejan sin voz a los medios y a los candidatos (que de todos modos, sino todos, la mayoría serán del MAS), y sordos y ciegos a los electores.

Mientras este libro de burlas dice en su art. 115 parágrafo II que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”, los legisladores masistas prohíben a los abogados, so pena de renunciar a la carrera judicial, defender presuntos (téngase muy en cuenta que la palabra “presunto” implicaría la aplicación del art. 116, que ya sabemos es un chiste) narcos, separatistas, etc.

Vuelvo a reír cuando en el art. 14 parágrafo III leo “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos.” ¿perdón, cuál Estado garantiza qué?, ¿de qué Estado me hablan en este libro de fantasías hilarantes?

jueves, 5 de mayo de 2011

Morales paga las consecuencias de sus actos

El peligro del descontrol de las demandas sociales, así como de la certeza de que los grupos movilizados que ejercen suficiente presión sobre el gobierno pueden lograr prácticamente cualquier objetivo, fue objeto de muchos análisis y advertencias desde hace más de una década.

Personalmente, desde el año 2007 he estado tratando de poner en alerta tanto a gobernantes como a líderes políticos, sobre los peligros de la desinstitucionalización y posterior destrucción del Estado boliviano. Ello en el afán de prevenir la formación de un orden social autoritario, en que los que se movilicen y griten más fuerte tengan preeminencia sobre todos los demás, e incluso sobre la libertad y los derechos de todos los demás.

Las advertencias y recomendaciones, sin embargo, no fueron escuchadas por los protagonistas y corifeos de la era Morales, que ingenuamente parecieron creer que la liberación de ese irracional monstruo de los movimientos sociales sin límites, podría ser controlada en base a consignas absurdas como “el gobierno de los movimientos sociales”, “Evo obedeciendo al pueblo”, etc. Ello en términos prácticos es imposible, y lo ha sido allí a donde se ha intentado, terminando por ser los aprendices de brujos quienes acaban sirviendo a los demonios que ha liberado, y no al revés.

Morales y su pandilla han sido los causantes de la destrucción institucional del Estado boliviano, inhibiendo la rearticulación espontánea de liderazgos políticos tanto dentro como fuera de su partido, trabando los mecanismos constitucionales anteriores y actuales de renovación de autoridades, convirtiendo al Órgano Legislativo en un conjunto de marionetas complacientes con sus exigencias, invadiendo políticamente el Judicial y el Electoral, e incluso incrustando líderes funcionales en organizaciones ciudadanas de toda índole.

Adicionalmente, se le ha dicho a las personas que el Estado les debe todo: vivienda digna, trabajo digno, salud digna, salario digno, educación digna, agua digna, electricidad digna, gas digno, telefonía digna, bonos dignos, etc. Todo cuanto no debe ser ganado a través del trabajo y esfuerzo del ciudadano, sino que éste ya lo merecería como compensación por siglos de explotación por parte de los malvados oligarcas pro imperialistas.

Puestas así las cosas, no me sorprende que hoy esos mismos movimientos sociales, integrados por esa misma gente a la que se ha convencido de que se le debe todo, exijan que el gobierno les consulte cualquier acción antes de ser ejecutada, y les entregue la parte del pastel que les corresponde por derecho y por dignidad histórica.

Tampoco tendría que sorprendernos que estas personas utilicen las ya probadamente efectivas medidas de presión del bloqueo, la huelga y el enfrentamiento, buscando los beneficios gratuitos que se les ha dicho merecen, y en otros casos protegiendo el fruto de su esfuerzo y trabajo de las rapaces manos del Estado (en el caso de los seguros por ejemplo), pues todo ello es la consecuencia de la destrucción del Estado boliviano.

Lo que no deja de sorprender es la hipocresía del Presidente, Vicepresidente y demás alarifes, que habiendo derrocado gobiernos y llegado al poder haciendo uso de esa clase de medidas de presión, ahora resultan indignados cuando otros las usan.

Me encuentro en la encrucijada de abogar por la reconstrucción institucional republicana de Bolivia y, al mismo tiempo, aceptar que la gente tiene derecho de exigir que el gobierno les otorgue todos los beneficios gratuitos que les ha prometido.