Mentiras presidenciales

Recuerdo que uno de los primeros países con los que el gobierno de Evo Morales estableció relaciones diplomáticas fue Libia. Entonces Gadafi ya era un gobernante autócrata, pero le había entregado a Morales un premio de 50 mil dólares, “El Premio Gadafi a los Derechos Humanos”, el año 2003.

Recuerdo, también, que cuando cuestionamos las razones por las que Bolivia se relacionaba con el régimen libio, alguna de las autoridades de gobierno (el Canciller si no me equivoco) afirmó que teníamos mucho en común con Libia, y dijo, textualmente “comenzando por el nombre: Libia, Bolivia”. Demás está decir que me indigné con semejante bobería de respuesta ¿creerían que éramos tan idiotas como para aceptar que porque los nombres de dos países riman éstos deberían entablar relaciones diplomáticas?

En realidad, Morales le estaba devolviendo a Gadafi el favor de haberle concedido ese premio justo cuando necesitaba de reconocimientos y fondos para su movimiento político. Después, lo único en común entre Libia y Bolivia es que ambos países tienen gobernantes obsesionados con el poder.

No es sorprendente que tanto Chávez como Evo Morales estén rechazando la intervención de la comunidad internacional en el conflicto libio.

Pueblo harto de gobierno no democrático se revela y lucha por la libertad; sería una excelente oportunidad para que los hombres y mujeres de idas libertarias y convicción democrática apoyasen una auténtica revolución. Gobierno despótico que no quiere abandonar el poder y los privilegios masacra a sus ciudadanos; sería un momento perfecto para que los defensores de las libertades y derechos humanos aprueben la intervención, no de EEUU, sino de la comunidad internacional.

¿Por qué Chávez y Morales se transforman en detractores de esto? Creo que ellos no rechazan la intervención mundial porque defiendan al gobierno libio, sino porque, igual que Gadafi, son autócratas obsesionados con el poder, al punto de que se ven a si mismos en la situación de intentar retenerlo a como de lugar y, por supuesto, les indigna que justo cuando estén por aniquilar a los líderes opositores que exijan libertad y democracia, una pinche resolución de la ONU les arruine la fiesta. En otras palabras, están tratando de salvaguardar su propia oportunidad de poder defender el poder por la fuerza, sin que el mundo les condene e intervenga para salvar a sus pueblos.

Evo Morales nos miente cuando al rechazar la resolución de la ONU arguye que las potencias extranjeras pretenden apropiarse de los recursos naturales libios, al igual que miente cuando dice que el ATPDEA era un chantaje por el que EEUU nos exigía la privatización de los hidrocarburos.

Seguramente no lo menciona porque ahora que esto se parece tanto a un narcogobierno no le conviene, pero el ATPDEA requería como única exigencia la demostración de que el país tenía verdadera voluntad para luchar contra el cultivo excedente de coca y el narcotráfico. A cambio de ello, Norteamérica nos concedía, de manera preferencial (léase “privilegio”), facilidades especiales para vender joyas, textiles y otros productos en sus mercados. Era un intercambio de dólares que ingresaban por narcotráfico (comercio ilegal, mafias y delincuentes) a dólares que ingresaban por exportaciones (comercio legal, empresas y empleos).

Bolivia podía soberanamente, como lo hizo con Morales, elegir lo primero y despreciar lo segundo. Pero que el Presidente no mienta diciendo que el ATPDEA era a cambio de privatizar los hidrocarburos.

Zona de Jóvenes

Dados los aires carnavaleros que vivimos, y considerando los serios problemas que surgen a consecuencia de las decenas de vecinos que se quejan de la música y el festejo de los jóvenes en puntos específicos de la ciudad, como la calle Pando, o en la parte de la avenida Villarroel bautizada como “Las Islas”, parece propicio proponer algunas ideas que pudieran dar fin con el problema sin que necesariamente alguna de las partes deba perder.

Los jóvenes tienen el derecho de contar con espacios de diversión y entretenimiento, y los vecinos el de tener sus casas en un lugar que les sea propicio para descansar con tranquilidad. Ambas cosas no pueden existir en el mismo lugar y, cuando es así, éstos inician protestas y quejas frente a las autoridades, que se ven presionadas por las exigencias de los mayores, pero también por las necesidades y derechos de los jóvenes. Cabe mencionar también, que los comerciantes que proveen comida, bebida, música y espacios de diversión, tienen el derecho de hacerlo, pues es parte del gran mercado de los servicios.

La solución es la creación de una Zona de Jóvenes. Un espacio en el que no exista lugar para la tranquilidad, lleno de cafés, bares y discotecas, en el que la música se pueda escuchar tanto en los boliches como en las calles, en las que estaría permitido beber y bailar. Lo único que nuestros jóvenes no podrían hacer es incurrir en la comisión de delitos.

Igual que cuando se define una zona como “Parque Industrial”, en la que no se permite construir otras cosa que no tengan relación con la industria, en esta “Zona de Jóvenes” nadie podría decidir construir su casa o su fábrica. Sería un espacio destinado única y exclusivamente a infraestructura de entretenimiento para jóvenes.

Las autoridades, a través de reglamentaciones y facilidades tendrían que “obligar” a todos los boliches que califiquen dentro de la categoría popular de “ruidosos” o “escandalosos” (que es lo que molesta a los vecinos), a trasladarse a esta zona.

Probablemente no sería conveniente que se construya muy lejos de la ciudad, por lo que creo que una solución para evitar mandar nuestros jóvenes a kilómetros del centro, sería la suscripción de un convenio con la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

La UMSS tiene, hace ya muchos años, un proyecto de nueva ciudadela universitaria con el que pretende abandonar su infraestructura actual, que espacialmente ya no abastece para su expansión. Entonces, en una alianza entre la Gobernación y el Municipio de Cercado, se podría comprar a la UMSS sus actuales predios, además de ayudarle a conseguir cooperación internacional para la construcción de la nueva ciudadela.

Lo que hoy es el campus de la Universidad, entonces, se convertiría en la Zona de Jóvenes, y la infraestructura que ahí existe podría darse en ventas, alquileres y anticréticos a los negocios de entretenimiento para jóvenes.

De esta forma, solucionaríamos tres problemas, a saber: 1) Darle tranquilidad a los vecinos que viven en los lugares que actualmente son sitios de diversión de los jóvenes, 2) Brindar a los jóvenes un lugar propicio para divertirse sin que les sea amenazado por los mayores, y 3) ayudar a la UMSS a concretar su ciudadela universitaria.

Adicionalmente, conseguiríamos que Cochabamba sea la primera ciudad del país en contar con una inmensa Zona de Jóvenes.

El transporte y la inflación

La necesidad de incrementar el precio de los pasajes del transporte masivo es inherente a la propia inflación, y anterior al la agudización de ésta después del gasolinazo. Cuando el Gobierno pide a los transportistas que congelen el precio de los pasajes mientras se realiza un nuevo estudio de costos de operaciones, necesidades y demandas, no es más que una triquiñuela para ganar algo de tiempo frente a la justificada impaciencia de la ciudadanía, pues un estudio realizado hace más de un año por el mismo Gobierno ya ha demostrado que el incremento se justifica.

Otra cosa, muy diferente, es que el oficialismo, por evitar tomar decisiones impopulares evadió irresponsablemente tal aumento de precios, cuando podría haberse hecho en una época de menor sensibilidad en el bolsillo de las personas.

Se tiene dos problemas, a saber 1) El incremento en el precio de los pasajes y 2) La inflación generalizada que ha provocado el aumento de los precios y la consecuente disminución del poder adquisitivo de la gente.

El primer problema se debe abordar habiendo entendido, inicialmente, que los transportistas no son trabajadores del transporte “público” (entendido como fiscal o estatal), sino un conjunto de individuos que proveen servicios de transporte masivo a la ciudadanía, y que son dueños de los medios de trabajo, junto con las deudas o el ahorro, así como las ganancia o las pérdidas, que con esfuerzo y trabajo han conseguido.

Entendido esto, debemos comprender que a la hora de fijar tarifas no se trata de que el Estado ni la sociedad impongan el precio que “sus chóferes” deben cobrar. Los transportistas no son empleados del Gobierno ni de la sociedad, y así como el comerciante y el trabajador independiente tienen la libertad de decidir cuánto cobran por sus servicios, y de la misma forma en que el asalariado puede exigir un incremento de sueldo, sin que nadie les cuestione cuánto ganan ni por qué tanto ni por qué tan poco, los transportistas tienen el derecho de decidir cuánto cobrar por sus servicios.

Entonces, las charlas entre autoridades y vecinos, con dirigentes del transporte, no deben tener el tono de “nosotros vamos a ver si les autorizamos a elevar los precios” sino más bien “conversemos para ver cómo podemos lograr que el aumento sea el menor posible, y les pedimos solidaridad con la población”.

La creación del transporte vecinal, y de todo tipo de alternativas, no sólo es viable, sino que sería muy saludable para alentar la competencia. Abriendo el candado del monopolio, que los transportistas tienen cerrado con un férreo sindicalismo, nos aseguraríamos de obtener mejores servicios a precios razonables.

El segundo problema tiene una solución de largo plazo y otra de corto plazo. La primera pasa por un conjunto de agresivos beneficios para la inversión productiva, acompañados de una seguridad jurídica de hierro. La firma de acuerdos de libre comercio con países de mercados con alto poder adquisitivo (EEUU, Japón, Unión Europea, Australia, Canadá, etc.). El achicamiento del gasto público destinado a burocracia innecesaria y fines no productivos. La concesión de créditos blandos para la producción, junto con asesoramiento técnico que garantice su éxito. Y la liberación de las exportaciones.

La solución de corto plazo es la eliminación de los impuestos y aranceles de importación. Al eliminarlos, el precio de los productos bajaría inmediatamente, y quienes hoy sufren los descuentos impositivos en sus salarios tendrían un incremento salarial de facto.