Star Trek vs Star Wars

Hay decenas sino cientos de foros y otras yerbas en donde los fanáticos especulan respecto de lo que sucedería en un hipotético enfrentamiento entre la Federación (Star Trek) y el Imperio (Star Wars). Desde el punto de vista de que los del Imperio son los chicos malos de Star Wars, nadie debería desear que ganen, pero más allá de ello, se puede intentar una aproximación lógica al asunto.

Primero tenemos que definir si el enfrentamiento se realiza entre Star Trek y todos los recursos, razas y tecnología que ello implica, contra Star Wars en las mismas condiciones o, de lo contrario, si el enfrentamiento es simplemente entre la Federación de Planetas Unidos y el Imperio. La necesidad de esta puntualización radica en que de esta forma podemos definir cuáles son los recursos con los que cuenta cada contendiente.


Si la opción fuera la primera, me atrevo a decir que Star Trek se lleva la victoria muy fácilmente, puesto que, a pesar de que Star Wars contaría con la infantería más temible de la galaxia (los Jedis), simple y llanamente el universo Trek es mucho más amplio. Es decir, estaríamos hablando del Imperio con la fuerza de su flota y sus soldados, y con el valiosísimo aporte de los Jedis para la lucha cuerpo a cuerpo (que serían previsiblemente más letales que los klingon), contra la fuerza de la Tierra, el imperio Klingon, Romulus, Vulcan, Cardazia, Ferenguinar, Bayor, los Borg, los Xindy, y muchísimas otras fuerzas conocidas a lo largo de cinco series (TOC, TNG, DS9, VOY, ENT) tres de las cuales llegaron a la temporada número siete, y diez películas (y una nueva para el 2009). Además de que, precisamente por la amplitud de ambos mundos, sería muy difícil mesurar y contabilizar las magnitudes de ambas fuerzas.

La segunda opción me parece más práctica. Tenemos, por un lado, al Imperio con sus destructores y una estrella de la muerte, y por el otro a la Federación con su Flota Estelar (compuesta por naves de la Tierra, Vulcan, el imperio Klingon y otros aliados menores) Los destructores imperiales y muy especialmente la estrella de la muerte cuentan con su gran tamaño, son definitivamente muy poderosos. Las otras naves del Imperio pueden ser consideradas como cazas. La Federación posee una gran cantidad de naves, tanto grandes como medianas, además de dos o tres transbordadores armados por cada una.


Si consideramos simplemente las cantidades y los tamaños, la batalla sería muy reñida. Pero para los malvados del Imperio existe un gran inconveniente, no tienen campos de fuerza. Mientras las fuerzas imperiales lucharían arduamente por poner fuera de combate los campos de fuerza de las naves de la Federación, éstos destrozarían su preciosa flota carente de la valiosa innovación tecnológica. Mi veredicto es que gana la Federación.

Star Trek XI

Este es el nombre de la buena noticia para los fanáticos de la saga más grande de ciencia ficción. La fecha de estreno fue inicialmente fijada para la navidad del 2008, sin embargo ha sido modificada para mayo del 2009, puesto que los productores afirman que es en verano (en Estados Unidos) que siempre se han estrenado los filmes del tipo Star Wars o Transformers, y que Star Trek XI está dentro de este grupo.

Aunque aun no se conocen muchos detalles al respecto, se sabe que la historia gira en torno a la vida de los miembros de la tripulación original en la academia de la flota estelar. Por esta razón los productores han tenido que conseguir actores jóvenes para interpretar a los famosos personajes. Entre ellos tenemos a Chris Pine (Kirk), Zachary Quinto (Spock), a la hermosa Zoe Saldana (Uhura), además del conocido Leonard Nimoy (Spock inicial) y Winona Ryder (Amanda). El director de la película es J.J. Abrams.

Entre otras cosas, se espera que en esta nueva historia se conozcan los pormenores de la forma en que James T. Kirk pasa la prueba llamada “Kobayashi Maru”

Evidentemente, además de mantener el espíritu de la saga, se pretende conseguir un rendimiento comercial superior al logrado por las últimas películas, equilibrio algo difícil de alcanzar, pero necesario para conservar a los fans de la vieja guardia y conseguir muchos nuevos.

Ser trasquilado ¿otra vez?

Estoy convencido de que es un gran error tratar de jugar al poker sin ases bajo la manga y con nuestros corazoncitos de pollo, frente a un gobierno calculador (más allá de que sus cálculos siempre fallen), frío y tramposo. Estoy segurísimo de que están aceptando la mediación de terceros simple y llanamente porque están desesperados por detener la insurgencia de las regiones. Creo firmemente además, que su propósito no es reconsiderar nada de lo que han hecho hasta ahora, sino simplemente hacer una pausa distractiva, deteniendo a la ciudadanía para reiniciar su marcha, igual de avasalladora, igual de destructiva, igual de autoritaria y deshonrosa.

Ninguno de los departamentos del país debe detenerse. Si el gobierno de Evo Morales quiere diálogo tendrá que anular todo hecho autoritario consumado hasta hoy, ya no basta con aceptar la presencia de mediadores (tarde marqués) Desde mi criterio, lo que se requeriría para construir un escenario de diálogo hoy, pasaría por muchos aspectos: inicialmente nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional (sin cercos y siguiendo la normativa), restituir la imparcialidad de la Corte Nacional Electoral (adiós J. L. Exeni) nombrando a todos sus vocales (sin cercos y según normas), obviamente anular todo lo aprobado en los cierres temporales del congreso perpetrados por los grupos de choque del MAS, y realizar, con ayuda de organismos internacionales, una auditoria a los sistemas y bases de datos de la Corte Nacional Electoral.

¿Qué hacer con el proceso constituyente? Para mí existen dos opciones: 1. Declarar lo hecho en la Asamblea Constituyente Proceso pre-constituyente de algunos sectores del país, realizar una nueva elección de asambleístas, y reiniciar un proceso nuevo. Todo dentro del marco de una ley de convocatoria a prueba de bobos y tramposos, tan clara y bien redactada, que impida que se repitan estupideces como la anulación de los dos tercios. 2. Introducir algunas de las propuestas del texto constitucional del MAS y sus grupos de choque, previamente consensuadas (sin cercos y respetando la normativa), en la actual constitución a través del proceso de reforma parcial.

Pero lo que he escrito, desde “Ninguno” hasta “parcial.” seguramente parecerá inaceptable a los del gobierno. Igual de inaceptable que sería detener los procesos de referéndums de las regiones sin el previo cumplimiento de las condiciones antes descritas. Por cierto, habría que ser muy idiota para pensar que estas condiciones son imposiciones de la radicalidad o la inflexibilidad. En realidad es el gobierno mismo el que se ha autoimpuesto condiciones cada vez más difíciles de cumplir, a través de la falta de credibilidad y la desconfianza que ha causado con sus actos. En la Biblia dice “por sus hechos los conoceréis” y por sus hechos el gobierno ha demostrado que no es de fiar, que con ellos hay que actuar como uno lo haría frente a un conocido estafador a quien tiene que prestarle dinero, cuidándose de todas las formas legales posibles, y exigiendo todas las garantías y condiciones necesarias para intentar, aun con posibilidades de fracaso, salir del negocio sin ser trasquilado… otra vez.

Insisto en que los referéndums de las regiones son legales y legítimos, y son un avance hacia la democracia participativa. Notarán que ninguna de las regiones le está pidiendo al pueblo salir a cerrar el congreso, bloquear calles o cosas similares. A diferencia de las “iniciativas populares” de los grupos de choque del MAS, que no son otra cosa que la imposición de minorías movilizadas sobre la gran mayoría del pueblo boliviano, los procesos participativos de las regiones son impulsados por verdaderas iniciativas ciudadanas que no pretenden imponer su voluntad a nadie, sino que buscan, dentro del marco de la participación de todos, con un espíritu democrático que no discrimina por color, idioma, procedencia ni ningún otro aspecto, que la ciudadanía decida si acepta o rechaza las iniciativas de la misma ciudadanía.

Cuando los grupos de choque del MAS se movilizan, utilizan el autoritarismo, ignoran a resto de los bolivianos, e imponen su voluntad por la fuerza, sin consultar a sus compatriotas. Cuando se pone en práctica la iniciativa ciudadana, una parte del pueblo pone a consideración de todo el pueblo una idea, y entre todos, de manera participativa y sin discriminar ni ignorar a nadie, deciden si la idea es buena o no. Usted elige, el autoritarismo avasallando a la democracia, o la democracia como forma de vida.

Adiós igualdad de oportunidades. Hola discriminación por idioma

Quien se atreviera a afirmar que en Bolivia existe discriminación política, entendiéndose esta como la imposibilidad de que cualquier ciudadano pueda desempeñar funciones públicas, sería simple y sencillamente un vil mentiroso. Tenemos al Presidente Evo Morales, un ciudadano boliviano, sin profesión alguna, sin fortuna, sin conocimiento de otros idiomas ni extranjeros ni “originarios”, y sin cabello rubio u ojos verdes, pero que sin embargo pudo acceder, en primera instancia, a una diputación uninominal para representar a su gremio (los cocaleros) y posteriormente ser elegido Presidente Constitucional de la república de Bolivia.

Eso de “Constitucional” implica, precisamente, que tanto la Constitución Política del Estado como las leyes de la república hicieron posible, dentro del marco de la legalidad y de nuestra democracia liberal furiosamente incluyente, que el ciudadano Juan Evo Morales Ayma pudiese sentarse en LA silla de Palacio Quemado.

Esa posibilidad que se le brinda a cualquier ciudadano de Bolivia, y que se llama igualdad de oportunidades de elegir y ser elegidos, ya está consagrada en la Constitución vigente, garantizada y puesta en práctica. Esa igualdad es destruida por el texto constitucional por el que el gobierno hace campaña para el “si”

En el artículo 5 de dicho texto dice: II. El gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales… Lo que, haciendo un análisis frío y a causa de su ambigüedad, da lugar a varias interpretaciones. Aquí van tres de ellas: 1. Que absolutamente todos los funcionarios de gobierno, prefectos, presidente, congresistas, jueces, hasta el último funcionario público debe, inexcusablemente, saber hablar dos idiomas oficiales (p.e. español y aymara) 2. Que los gobiernos nacional y departamentales deben redactar sus documentos oficiales necesariamente en dos idiomas oficiales. 3. Que tanto el gobierno nacional como los departamentales deben contar con uno o varios traductores que conozcan dos idiomas oficiales para poder comunicarse con los ciudadanos que no entienden español.

Si las interpretaciones 2 y/o 3 fueran las correctas, sería una interesante señal hacia la mayor inclusión. La interpretación 1, sin embargo, destruiría la igualdad de oportunidades antes mencionada y gracias a la que Morales es hoy Presidente de Bolivia. Alguien me dirá “es solamente una interpretación” yo responderé “¿quién nos garantiza que la peor de las interpretaciones no sea la elegida?”

Pero indagando más, dentro del texto constitucional de los movimientos sociales encontramos la confirmación a nuestros peores temores; en su artículo 235 dice: Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: […] 7.Hablar al menos dos idiomas oficiales del país. Lo que, a la vez que aclara, complica aun más las cosas puesto que los que cumplen “funciones públicas” son “funcionarios públicos” y dentro del Estatuto del Funcionario Público dice: 3º (ÁMBITO DE APLICACIÖN) I. El ámbito de aplicación del presente Estatuto abarca a todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia con cualquier entidad del Estado, independientemente de la fuente de su remuneración. II. Igualmente están comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Estatuto los servidores públicos que presten servicios en las entidades públicas autónomas autárquicas y descentralizadas. Además en el artículo 4º (SERVIDOR PÚBLICO). Servidor público es aquella persona individual, que independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente Ley. El término de servidor público, para efectos de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.

Lo que implica, en términos prácticos y más sucinta y claramente: Ningún cargo electivo (presidencia, vicepresidencia, alcaldía, prefectura, diputaciones, senadurías), o designado (jueces del órgano judicial y burócratas del Estado en general), ni en el caso de las universidades por más autónomas que sean (administrativos y docentes), ni los militares y policías, ni los maestros y los médicos, ni aunque sus sueldos dependan de la cooperación internacional, podrán ser desempeñados por ciudadanos que no hablen al menos dos idiomas oficiales del texto constitucional del MAS y sus movimientos sociales.

Esto señores, tiene un nombre, discriminación por idioma y destrucción de igualdad de oportunidades de elegir y ser elegidos.

Dilemas de la autodeterminación

Para la palabra autodeterminación, el diccionario de la real academia de la lengua española pone: libre decisión de los pobladores de un territorio sobre su futuro estatuto político. Como se puede apreciar, es una idea demasiado general, que abre la posibilidad de múltiples interpretaciones en su hipotética puesta en práctica dentro de la vida del Estado boliviano.

Debo decir que conozco personas cercanas al partido de gobierno y/o a los autores del texto constitucional, y que tienen una idea bastante clara de los límites de esa autodeterminación propuesta. Según ellos, estaríamos hablando de autodeterminación dentro del marco de la Constitución Política del Estado, lo que implica que ni las instituciones ni las normas de las comunidades podrían transgredir los derechos en ella consagrados. Por lo demás, la definición de la estructura orgánica de sus instituciones, la forma de elección de sus autoridades, los castigos administrables a los criminales, etc. pasarán a ser prerrogativa de cada comunidad.

Más allá de las objeciones teóricas que se pueden hacer a esta propuesta, como el hecho de que solamente la democracia liberal, basada en el voto secreto, universal y directo, con pluralismo político e igualdad de oportunidades de elegir y ser elegido, y con libertad de expresión y asociación, puede otorgar al ciudadano la posibilidad de vivir en democracia libremente; o la crítica a la justicia comunitaria que, al no estar escrita, y auque se afirma que no contempla al asesinato como norma, implica, sin embargo, castigos que atentan contra la honra y la dignidad de las personas (p.e. chicotazos o vestir de mujeres a los corruptos) y está sujeta al estado de ánimo de los comunarios, lo que implica subjetividad pura; el mayor obstáculo para considerar, más que inviable, peligrosa la idea de autodeterminación, son los hechos.

Y es que es muy fácil tener las ideas claras en teoría, pero la realidad siempre termina por demostrar si esas teorías son correctas o no. Esto es algo que, dicho sea de paso, nunca terminan de aprender nuestros cerebritos “progresistas”. La prueba que tienen que pasar las teorías, para demostrar si sirven o no, es la prueba de la realidad; y si fallan en dicha prueba, necesariamente, y por honestidad intelectual, se tiene que volver a la mesa de diseño.

Ya la idea de autodeterminación, aun antes de ser aprobado o no el texto constitucional oficialista, está siendo puesta a prueba por los hechos en la vida diaria de muchas comunidades. Y en los hechos, frutos lógicos de la realidad, gran parte de las comunidades la están asumiendo como extraterritorialidad. Es decir, piensan que ninguna ley, ni la Constitución Política del Estado, tiene tuición sobre sus acciones y, consecuentemente, que ninguna institución de la república, ni la policía nacional, tiene el derecho de ser respetada dentro de sus territorios.

La realidad nos está mostrando que la autodeterminación teórica, planteada y promovida por muchos intelectuales nacionales y extranjeros, es muy distinta a la autodeterminación fáctica, vivida y vista por los bolivianos todos los días. La primera se somete a normas básicas de vida en sociedad, pero la segunda, que es la que verdaderamente importa, nos muestra que, en la percepción de las personas, las posibilidades son ilimitadas e incluyen, la tortura, el asesinato, la humillación y, en fin, el total desconocimiento de los derechos de los ciudadanos propios y extraños a las comunidades.

Esta es una de las muchas razones por las que ese texto constitucional está lejos de considerarse aceptable. ¿Esto implica que las comunidades indígenas nunca deberán poseer la cualidad de la autodeterminación? claro que no. La conclusión a la que deberíamos llegar es que dicha cualidad debe ser lograda a través de un proceso en el que se prepare a las colectividades para que, gradualmente, el Estado central les entregue mayores responsabilidades, a la vez que se establezcan mecanismos de vigilancia que garanticen la observancia de las normas básicas dentro del ejercicio de las responsabilidades entregadas; y solamente con la constatación de que la comunidad cumple a cabalidad y de manera responsable las nuevas funciones adquiridas, se podrá dar el siguiente paso con la cesión de responsabilidades más grandes, hasta llegar a la autodeterminación plena, tan apreciada, tan interesante, pero tan peligrosa si se la maneja alegremente y sin considerar el contexto y la percepción de las personas.

Consenso o mayorías miserables

Puesto que las encuestas (en las que no hay que creer ciegamente) pronostican un empate técnico entre el “si” y el “no” al nuevo texto constitucional redactado y aprobado en las penosas condiciones que ya todos conocemos, existe por supuesto, la probabilidad de que dicho texto se imponga como nueva ley fundamental de la República de Bolivia.

Ensayemos la hipótesis siguiente: Gana el “si” con (digamos) el 54% de los votos. ¿Quién puede negar que sea la mayoría? Nadie. Es una mayoría perfectamente legal y, por lo tanto, una victoria absolutamente legítima. Sin embargo, en una situación como la planteada, sería un error concentrar la atención en la parte victoriosa de la consulta. Finalmente ganaron y se dedicarán a festejar y a cantar glorias.

El punto aquí, es observar a la parte perdidosa del referéndum. Estamos hablando de (en el caso hipotético planteado) un 46% de bolivianos que están en contra de la implementación de dicho texto como ley fundamental, 46 de cada cien, 460 de cada mil, etc. que no se sentirán parte de ese “nuevo” Estado creado a través de todas las acciones (ilegales y sangrientas) ya conocidas.

Es aquí donde aparece el problema de los grados de legitimidad relativa. Porque si bien 54% es una mayoría que otorga legitimidad, 65% es, en relación a la cifra anterior, una mayoría con mayor grado de legitimidad, 75% en relación a 65% y más aun a 54%, es una mayoría aun con mucha más legitimidad. Esa es la razón por la que se peleó tanto por los dos tercios, porque en teoría, los dos tercios de los asambleístas representaban a los dos tercios de los votantes de la elección y, lógicamente, había más posibilidades de que en un referéndum constitucional, esos dos tercios representados se reflejen en la votación.

Pero el punto es que una mayoría de 50 mas uno, dos, tres o cuatro por ciento, es una mayoría miserable. Una mayoría miserable que puede perfectamente elegir a un Presidente, porque éste se va a quedar solamente por cinco años pero que, aunque puede, no debería definir por si sola, una nueva forma de vida institucional para el 100% de los bolivianos. De darse un resultado como el descrito, sería necesario que los victoriosos festejen menos y se pongan a pensar en las implicaciones de tener a casi la mitad del país disconforme.

Si embargo también existe la segunda opción por considerar. ¿Qué pasa si es el “no” es el que gana con un 50 mas uno, dos, tres o cuatro por ciento? La situación podría ser similar, la parte ganadora festejaría, cantaría glorias y, posiblemente, pretendería (igual que en la hipótesis anterior) ignorar a la parte perdidosa. Pero tenemos que ser lógicos, ésta también sería una victoria miserable, igual de miserable que la anterior. Lo cierto es que, de darse un resultado como este, también tendríamos que analizar y preocuparnos por la situación de quienes optaron por el “si” y perdieron, puesto que la hipótesis ensayada plantearía el problema de que casi la mitad de los bolivianos deseaban cambios en la Constitución Política del Estado.

En ninguno de los dos casos sería sensato que la parte ganadora se aferre a su mayoría miserable y rechace la posibilidad de intentos de generación de consensos a posteriori. ¿Cómo podríamos evitar tales situaciones? Construyendo los consensos antes de llegar a ellas.

He estado considerando seriamente las posibilidades (si… si… aun existen posibilidades) y poniéndome en el lugar de Evo Morales he llegado a la siguiente conclusión: El Presidente está preso de los demonios que él mismo ha creado discursivamente. Avanzar le causa problemas con una mitad del país y retroceder con la otra. Entonces, si Morales no desea llegar a ninguna de las dos hipótesis planteadas, la única solución es que obligue (si, ha leído bien, dije obligue) a los prefectos, líderes cívicos, líderes de movimientos sociales, asambleístas, líderes empresariales, partidos políticos, colegios de profesionales, pueblos indígenas (y si olvido a alguien… también) a dialogar, el tiempo que se necesario (en Sudáfrica tardaron años, pero lograron excelentes resultados) hasta que le presenten soluciones de consenso.

Lo único que tendría que hacer el Presidente es garantizar que estas personas puedan trabajar sin presiones de ningún tipo, y sentarse en palacio, gobernando tranquilo, hasta que le entreguen resultados. Su actitud tendría que ser “no se hace nada, hasta que me entreguen soluciones de consenso” Se que es difícil, pero no imposible y, lo más importante, es urgente.