El martes de la semana pasada vi a Adolfo Mendoza, miembro de la REPAC, en el programa “Que no me pierda” de la red UNO, desnudando la que me perecería una vil estrategia de propaganda a favor del texto constitucional del oficialismo. Cuando Mauricio Méndez planteaba lo injusto de las reglas de juego del referéndum revocatorio, Adolfo promocionaba su texto constitucional diciendo que en él se establecían reglas de juego justas y que quienes impulsaban los referéndums eran los ciudadanos y no las autoridades. Luego hizo referencia al hecho de que en dicho texto constitucional, aprobado con muchas ilegalidades y con tres muertos, y modificado del cuartel de Sucre a Oruro y de Oruro a La Paz, contempla la figura de las autonomías, demandadas por varios departamentos del país. ¿Será que el MAS está intentando utilizar la desinstitucionalización como pretexto para conseguir el apoyo de los ciudadanos para un texto constitucional que tiene tantísimos peros, ambigüedades e incoherencias?
Pareciera que la estrategia es violar la constitución vigente lo más que se pueda para demostrar que no sirve, transgredir sistemáticamente los preceptos constitucionales para que parezca que la actual Constitución no es capaz de acompañar la dinámica y las demandas sociales, y que por lo tanto, es necesario y hasta urgente, aprobar el texto por el que se han generado tantos problemas y confrontación. Esta estrategia, si bien puede dar algunos frutos para el oficialismo, y además de ser una falacia, sería una canallada a expensas de los ciudadanos que no tienen ni idea del derecho constitucional y sus procedimientos.
Una falacia por dos razones: En primera instancia porque es obvio que si ya va cerca de un año que no se restituye el Tribunal Constitucional, puesto que no les da la gana de hacerlo ni a los del MAS ni a sus aliados de Podemos, y sin importar cuan avanzada o maravillosa pueda ser cualquier Constitución, se irán acumulando cada vez más actos, normas, y eventos cuya constitucionalidad esté en duda, pero no porque la Constitución no sirva, sino porque precisamente para eso se crearon los tribunales constitucionales, porque nunca faltan los que, aun con esa institución funcionando, intentan llevar adelante alguna acción inconstitucional. Tan solo pongámonos a pensar, si funcionando el TC existían autoridades que llevaban adelante acciones inconstitucionales, que dicha instancia tenía que anular (como el desafuero al diputado Evo Morales en las gestión del funesto Jorge Quiroga), es más que obvio, y no hay que ser un gran adivino para deducir que al no funcionar dicha institución, encargada de velar por el control de la constitucionalidad, van aparecer cada vez más acciones, y cada vez menos disimuladamente inconstitucionales. ¿Eso es porque nuestra Constitución Política del Estado no sirve? ¿Por qué no satisface las demandas y necesidades ciudadanas? No, es porque hemos dejado al gato fuera de combate y ahora los ratones viven una fiesta indefinida.
En segundo lugar, es un argumento falaz porque todas las demandas y necesidades de la dinámica social pueden ser introducidas en el actual texto constitucional a través del procedimiento de las reformas parciales. ¿La revocatoria de mandato? Con reglas justas y como iniciativa de los ciudadanos puede, perfectamente, ser incluida en la Constitución Política vigente. ¿Las autonomías departamentales? Con claridad en atribuciones nacionales y departamentales, en consenso con las regiones, y ajustando muchos puntos de los estatutos autonómicos, pueden ser incluidas en la Constitución Política vigente. ¿La representación indígena? Aunque no estoy de acuerdo con las discriminaciones positivas o negativas, también puede ser incluida en nuestra Constitución; además especificando a qué será proporcional dicha representación, y no como en el texto del oficialismo que simplemente dice “proporcional” y que da lugar a interpretaciones como: 1. Proporcional a la representación no indígena (50% y 50%). 2. Proporcional al 65% de indígenas que existen en Bolivia según el último censo. 3. Proporcional al porcentaje real de indígenas que hacen vida comunitaria, que aplican el intercambio en lugar de la moneda, etc.
Entonces que quede claro, los innumerables actos inconstitucionales e ilegales tanto de oficialistas como de opositores, no son causados por la necesidad de nuevas leyes (que sin embargo deben cambiar evolutivamente), sino porque estamos rodeados de una gran cantidad de ineptos que han aprovechado la inestabilidad política e institucional para tratar de hacer lo que les venga en gana, en lugar de esforzarse por restituir el Estado de Derecho.
Pareciera que la estrategia es violar la constitución vigente lo más que se pueda para demostrar que no sirve, transgredir sistemáticamente los preceptos constitucionales para que parezca que la actual Constitución no es capaz de acompañar la dinámica y las demandas sociales, y que por lo tanto, es necesario y hasta urgente, aprobar el texto por el que se han generado tantos problemas y confrontación. Esta estrategia, si bien puede dar algunos frutos para el oficialismo, y además de ser una falacia, sería una canallada a expensas de los ciudadanos que no tienen ni idea del derecho constitucional y sus procedimientos.
Una falacia por dos razones: En primera instancia porque es obvio que si ya va cerca de un año que no se restituye el Tribunal Constitucional, puesto que no les da la gana de hacerlo ni a los del MAS ni a sus aliados de Podemos, y sin importar cuan avanzada o maravillosa pueda ser cualquier Constitución, se irán acumulando cada vez más actos, normas, y eventos cuya constitucionalidad esté en duda, pero no porque la Constitución no sirva, sino porque precisamente para eso se crearon los tribunales constitucionales, porque nunca faltan los que, aun con esa institución funcionando, intentan llevar adelante alguna acción inconstitucional. Tan solo pongámonos a pensar, si funcionando el TC existían autoridades que llevaban adelante acciones inconstitucionales, que dicha instancia tenía que anular (como el desafuero al diputado Evo Morales en las gestión del funesto Jorge Quiroga), es más que obvio, y no hay que ser un gran adivino para deducir que al no funcionar dicha institución, encargada de velar por el control de la constitucionalidad, van aparecer cada vez más acciones, y cada vez menos disimuladamente inconstitucionales. ¿Eso es porque nuestra Constitución Política del Estado no sirve? ¿Por qué no satisface las demandas y necesidades ciudadanas? No, es porque hemos dejado al gato fuera de combate y ahora los ratones viven una fiesta indefinida.
En segundo lugar, es un argumento falaz porque todas las demandas y necesidades de la dinámica social pueden ser introducidas en el actual texto constitucional a través del procedimiento de las reformas parciales. ¿La revocatoria de mandato? Con reglas justas y como iniciativa de los ciudadanos puede, perfectamente, ser incluida en la Constitución Política vigente. ¿Las autonomías departamentales? Con claridad en atribuciones nacionales y departamentales, en consenso con las regiones, y ajustando muchos puntos de los estatutos autonómicos, pueden ser incluidas en la Constitución Política vigente. ¿La representación indígena? Aunque no estoy de acuerdo con las discriminaciones positivas o negativas, también puede ser incluida en nuestra Constitución; además especificando a qué será proporcional dicha representación, y no como en el texto del oficialismo que simplemente dice “proporcional” y que da lugar a interpretaciones como: 1. Proporcional a la representación no indígena (50% y 50%). 2. Proporcional al 65% de indígenas que existen en Bolivia según el último censo. 3. Proporcional al porcentaje real de indígenas que hacen vida comunitaria, que aplican el intercambio en lugar de la moneda, etc.
Entonces que quede claro, los innumerables actos inconstitucionales e ilegales tanto de oficialistas como de opositores, no son causados por la necesidad de nuevas leyes (que sin embargo deben cambiar evolutivamente), sino porque estamos rodeados de una gran cantidad de ineptos que han aprovechado la inestabilidad política e institucional para tratar de hacer lo que les venga en gana, en lugar de esforzarse por restituir el Estado de Derecho.
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