El tema de la institucionalidad atropellada por posturas legitimistas ha profundizado el proceso de desinstitucionalización llevando a Bolivia al borde de un nuevo proceso que yo llamo de “destrucción del Estado”
Hoy, permitimos que las ilegalidades sigan en pie porque supuestamente serían “legítimas” Un ejemplo de ello es que en el diálogo entre gobierno y prefectos, cuando se habla de “compatibilizar” los estatutos autonómicos y el texto constitucional del MAS, estamos hablando de compatibilizar ilegalidades (que supuestamente serían legítimas), que no por volverse muy compatibles serán menos ilegales. Seguramente, y si se logra compatibilizar dos textos con visiones muy diferentes de desarrollo, crearán el conjunto de mecanismos necesarios para que los ciudadanos “legalicemos” lo que, en buena letra, nunca debió llegar hasta donde ha llegado.
La legitimidad es una noción a la que se está acudiendo demasiado en la política boliviana. Hasta los ciudadanos la utilizan como justificativo para transgredir las leyes. Si un criminal es descubierto in-fraganti por uno o más ciudadanos, la Constitución le(s) confiere el poder de arrestarlo para llevarlo ante una autoridad competente. Pero si la experiencia nos demuestra que, en general, los criminales salen de la cárcel más fácilmente de lo que entran, y dado que el crimen cometido por este sujeto pudo haber sido atroz ¿cuán legítimo será que hagamos justicia por nuestras manos y lo linchemos?
El cultivo excedentario de coca es ilegal (p.e. caso Chapare) y el robo de vehículos también (p.e. caso Tiquipaya) pero cuando la “comunidad” se beneficia de dichas actividades ¿será legítimo emboscar a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes? y más bien, aunque legal ¿se podrá considerar ilegitimo el accionar de las instituciones del orden?
Creo que si bien escuchar la “voz del pueblo” o la opinión pública, es fundamental, no se debe asumir que las decisiones de la masa son leyes automáticas, puesto que la masa, como cualquier grupo de seres humanos, se puede equivocar ¿Qué haríamos si la masa exige que un gobierno democrático se transforme en totalitarismo?
Inicialmente, puede que crean que es una decisión correcta, hasta pueden pensar que es beneficioso para la sociedad, pero los líderes, como personas con mayor conocimiento y experiencia en los asuntos del Estado, tendrían la obligación de prevenir y proteger a la masa de decisiones que, aunque propias, podrían terminar perjudicando a la misma masa.
Si bien en muchas ocasiones hemos tenido que apelar a salidas políticas (por ser supuestamente legítimas) para evitar desastres mayores (p.e. octubre del 2003) es importante que estemos conscientes de que es negativo optar solamente por salidas políticas. Recordemos además que una de las principales fuentes de legitimidad es precisamente la legalidad. El año pasado Evo Morales dijo que las leyes no importaban, e instruyó a sus ministros a actuar sin esperar la aprobación de leyes que le otorguen legitimidad legal a sus acciones. En el primer lunes del diálogo entre Presidente y prefectos, el Prefecto de Oruro decía (sobre las transgresiones legales de la AC) que no era pertinente “estancarse” con la legalidad.
Entonces, y ya que la nueva y primordial fuente de legitimidad es el poder en las calles, estaríamos involucionando a la época en que el más fuerte era quien mandaba. Aunque en este caso estemos hablando de una fuerza colectiva, en los hechos, el Estado, como conjunto de instituciones y normas, estaría quedando en segundo plano frente al(los) movimiento(s) social(es) más fuerte(s). El poder de esas instituciones y normas es extinguido, a la vez por el ejercicio del verdadero poder en las calles y a la vez porque el resultado eficaz de ese nuevo poder hace que la gente no crea mas en el poder del Estado para garantizar la vida en sociedad. Así pues, de no tomar cartas en el asunto y continuar en el actual proceso, podríamos entrar en la fase de “destrucción del Estado”
La legitimidad no es, necesariamente, otorgada porque la masa así lo vocifere. Tenemos que entender que la voz del pueblo es fundamental, pero definitivamente no es la voz de Dios. Nadie tiene la voz de Dios, ni individual ni colectivamente, y siendo así, lo mejor es que combinemos las inquietudes del pueblo, con los conocimientos adquiridos en democracia, con los estudios de los profesionales e intelectuales, con la experiencia de los agentes económicos y en fin, un esfuerzo conjunto por entendernos mutuamente y encontrar una salida integral, legal y, consecuentemente, legítima del atolladero en el que estamos.
Composición gráfica: rodr160.blogspot.com
Hoy, permitimos que las ilegalidades sigan en pie porque supuestamente serían “legítimas” Un ejemplo de ello es que en el diálogo entre gobierno y prefectos, cuando se habla de “compatibilizar” los estatutos autonómicos y el texto constitucional del MAS, estamos hablando de compatibilizar ilegalidades (que supuestamente serían legítimas), que no por volverse muy compatibles serán menos ilegales. Seguramente, y si se logra compatibilizar dos textos con visiones muy diferentes de desarrollo, crearán el conjunto de mecanismos necesarios para que los ciudadanos “legalicemos” lo que, en buena letra, nunca debió llegar hasta donde ha llegado.
La legitimidad es una noción a la que se está acudiendo demasiado en la política boliviana. Hasta los ciudadanos la utilizan como justificativo para transgredir las leyes. Si un criminal es descubierto in-fraganti por uno o más ciudadanos, la Constitución le(s) confiere el poder de arrestarlo para llevarlo ante una autoridad competente. Pero si la experiencia nos demuestra que, en general, los criminales salen de la cárcel más fácilmente de lo que entran, y dado que el crimen cometido por este sujeto pudo haber sido atroz ¿cuán legítimo será que hagamos justicia por nuestras manos y lo linchemos?
El cultivo excedentario de coca es ilegal (p.e. caso Chapare) y el robo de vehículos también (p.e. caso Tiquipaya) pero cuando la “comunidad” se beneficia de dichas actividades ¿será legítimo emboscar a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes? y más bien, aunque legal ¿se podrá considerar ilegitimo el accionar de las instituciones del orden?
Creo que si bien escuchar la “voz del pueblo” o la opinión pública, es fundamental, no se debe asumir que las decisiones de la masa son leyes automáticas, puesto que la masa, como cualquier grupo de seres humanos, se puede equivocar ¿Qué haríamos si la masa exige que un gobierno democrático se transforme en totalitarismo?
Inicialmente, puede que crean que es una decisión correcta, hasta pueden pensar que es beneficioso para la sociedad, pero los líderes, como personas con mayor conocimiento y experiencia en los asuntos del Estado, tendrían la obligación de prevenir y proteger a la masa de decisiones que, aunque propias, podrían terminar perjudicando a la misma masa.
Si bien en muchas ocasiones hemos tenido que apelar a salidas políticas (por ser supuestamente legítimas) para evitar desastres mayores (p.e. octubre del 2003) es importante que estemos conscientes de que es negativo optar solamente por salidas políticas. Recordemos además que una de las principales fuentes de legitimidad es precisamente la legalidad. El año pasado Evo Morales dijo que las leyes no importaban, e instruyó a sus ministros a actuar sin esperar la aprobación de leyes que le otorguen legitimidad legal a sus acciones. En el primer lunes del diálogo entre Presidente y prefectos, el Prefecto de Oruro decía (sobre las transgresiones legales de la AC) que no era pertinente “estancarse” con la legalidad.
Entonces, y ya que la nueva y primordial fuente de legitimidad es el poder en las calles, estaríamos involucionando a la época en que el más fuerte era quien mandaba. Aunque en este caso estemos hablando de una fuerza colectiva, en los hechos, el Estado, como conjunto de instituciones y normas, estaría quedando en segundo plano frente al(los) movimiento(s) social(es) más fuerte(s). El poder de esas instituciones y normas es extinguido, a la vez por el ejercicio del verdadero poder en las calles y a la vez porque el resultado eficaz de ese nuevo poder hace que la gente no crea mas en el poder del Estado para garantizar la vida en sociedad. Así pues, de no tomar cartas en el asunto y continuar en el actual proceso, podríamos entrar en la fase de “destrucción del Estado”
La legitimidad no es, necesariamente, otorgada porque la masa así lo vocifere. Tenemos que entender que la voz del pueblo es fundamental, pero definitivamente no es la voz de Dios. Nadie tiene la voz de Dios, ni individual ni colectivamente, y siendo así, lo mejor es que combinemos las inquietudes del pueblo, con los conocimientos adquiridos en democracia, con los estudios de los profesionales e intelectuales, con la experiencia de los agentes económicos y en fin, un esfuerzo conjunto por entendernos mutuamente y encontrar una salida integral, legal y, consecuentemente, legítima del atolladero en el que estamos.
Composición gráfica: rodr160.blogspot.com
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