En Chuquisaca el destino le ha jugado al gobierno de Evo Morales, en una suerte de justicia divina, una mala pasada en torno al poder departamental.
Desde un principio, los prefectos opositores parecieron estorbar a la gestión de Evo Morales, es así que poco antes de cumplir un año de gobierno, surge el primer intento de derrocamiento (que puedo llamar muy cómodamente intento de golpe civil) al Prefecto Manfred Reyes Villa, que daría como resultado los terribles enfrentamientos del 11 de enero del 2007. Poco después, otro intento de golpe civil, esta vez al Prefecto de Tarija, Mario Cossio. Los movimientos sociales del gobierno no consiguieron, en ninguna de las dos ocasiones, que uno u otro Prefecto renunciara al cargo. Lo que si se consiguió fue, por un lado, confirmar la animadversión del gobierno hacia las prefecturas opositoras, y por el otro lado, un mayor crecimiento de las tensiones entre poderes regionales y poder central.
Algunos meses después, y fruto del retiro ilegal del tema de la capitalidad plena de las comisiones de la Asamblea Constituyente, la sociedad chuquisaqueña se movilizaría y pondría en aprietos a su Prefecto, que tenía que lidiar con la exigencia de la gente de apoyar una demanda regional y la exigencia de lealtad de parte del partido que le había invitado a candidatear (M.A.S.) Los conflictos dieron como resultado un primer intento de renuncia del Prefecto David Sánchez, pero que fue rechazado por el gobierno central. Posteriormente, y fruto de los enfrentamiento del 24 de noviembre del 2007, David Sánchez huye a La Paz, y con la ayuda de pastores de su iglesia, es conducido hasta la República del Perú, desde donde enviaría su renuncia definitiva al cargo de Prefecto de Chuquisaca.
Lo paradójico del hecho es que el gobierno de Evo Morales, que tanto se esforzó por deshacerse de un par de prefectos opositores, terminó perdiendo a uno de los suyos.
Las posibilidades para la prefectura de Chuquisaca.
El problema ahora es llenar un espacio que, en la percepción nacional, ha quedado vacío, para lo cual existen tres posibilidades:
1. Convocar a una nueva elección prefectural para el departamento de Chuquisaca.
2. Que el Presidente de la República elija y nombre a un nuevo Prefecto.
3. Mantener la estructura y personal heredado de David Sánchez.
Nueva elección prefectural.
Esta es, a mi juicio, la mejor salida posible. Permite mantener la legitimidad otorgada por el voto popular a los prefectos desde la última elección, y a la vez se respetan las reglas y normas institucionales del Estado boliviano.
Jurídicamente, la nueva elección estaría sustentada en la jurisprudencia sentada por la última elección nacional en la que, aun sin existir la figura de elección de prefectos por voto popular, a través de una interpretación constitucional hecha en base al derecho a la participación de los ciudadanos en asuntos públicos, hizo una convocatoria a elección de prefectos que no fue observada por el Tribunal Constitucional.
Políticamente hablando, aunque este procedimiento es el que goza de mayores índices de legitimidad, es el menos conveniente para el gobierno, puesto que fruto de la forma arbitraria en que se manejó el tema de la capitalidad, y de la represión sinsentido ejercitada contra los chuquisaqueños, existen altas probabilidades de que el nuevo prefecto sea opositor.
Nominación directa del Presidente.
El Presidente también puede elegir y nombrar directamente a un ciudadano para ocupar el cargo, ya que constitucionalmente sigue siendo su atribución. En realidad las elecciones prefecturales del año 2005 fueron una especie de consulta vinculante para que el Presidente posesionara a quien el pueblo había elegido como su autoridad departamental. Por lo tanto, esta solución no se encontraría fuera de la ley.
Sin embargo, la elección directa por parte del Presidente constituiría un retroceso en la profundización de la democracia, lograda con elecciones prefecturales, y en la ampliación de instancias de ejercicio del derecho de participación (consagrado en los artículos 1º y 4º de la C.P.E.) Consecuentemente, esta sería una solución con la única legitimidad de la ley y carente de la legitimidad conferida por la participación ciudadana.
(Esta es la razón por la que los bolivianos tenemos que ponerle límites a las salidas políticas. Porque cuando las soluciones dejan de ser fruto de decisiones equilibradas entre normativa y política, se crean chenk’os jurídicos como este)
Este procedimiento es el más conveniente para el gobierno porque le permite conservar el control de la plaza prefectural chuquisaqueña. Sin embargo (y ellos lo saben muy bien) quien se hiciera elegir por el gobierno central carecería de la legitimidad suficiente para asumir el cargo en una situación tan compleja como la actual, y se sentaría un pésimo precedente contra la profundización de la participación en democracia.
Mantener la administración de David Sánchez.
Esta es la solución más débil institucional y políticamente hablando. El secretario general de la Prefectura de Chuquisaca no puede asumir el cargo indefinidamente de manera interina, por lo tanto, tarde o temprano el Presidente tendría que posesionarlo y se enfrentaría a las dificultades de la segunda solución.
Por otro lado, aunque decidieran mantener un interinato indefinido, la administración departamental seguiría careciendo de la legitimidad otorgada por el voto popular.
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Olvidando que la política es como un partido de ajedrez en el que con cada movida se puede estar definiendo el final del juego, además de la más legítima, la solución más natural, lógica y racional, es permitir que los chuquisaqueños elijan a su nueva autoridad prefectural.
Desde un principio, los prefectos opositores parecieron estorbar a la gestión de Evo Morales, es así que poco antes de cumplir un año de gobierno, surge el primer intento de derrocamiento (que puedo llamar muy cómodamente intento de golpe civil) al Prefecto Manfred Reyes Villa, que daría como resultado los terribles enfrentamientos del 11 de enero del 2007. Poco después, otro intento de golpe civil, esta vez al Prefecto de Tarija, Mario Cossio. Los movimientos sociales del gobierno no consiguieron, en ninguna de las dos ocasiones, que uno u otro Prefecto renunciara al cargo. Lo que si se consiguió fue, por un lado, confirmar la animadversión del gobierno hacia las prefecturas opositoras, y por el otro lado, un mayor crecimiento de las tensiones entre poderes regionales y poder central.
Algunos meses después, y fruto del retiro ilegal del tema de la capitalidad plena de las comisiones de la Asamblea Constituyente, la sociedad chuquisaqueña se movilizaría y pondría en aprietos a su Prefecto, que tenía que lidiar con la exigencia de la gente de apoyar una demanda regional y la exigencia de lealtad de parte del partido que le había invitado a candidatear (M.A.S.) Los conflictos dieron como resultado un primer intento de renuncia del Prefecto David Sánchez, pero que fue rechazado por el gobierno central. Posteriormente, y fruto de los enfrentamiento del 24 de noviembre del 2007, David Sánchez huye a La Paz, y con la ayuda de pastores de su iglesia, es conducido hasta la República del Perú, desde donde enviaría su renuncia definitiva al cargo de Prefecto de Chuquisaca.
Lo paradójico del hecho es que el gobierno de Evo Morales, que tanto se esforzó por deshacerse de un par de prefectos opositores, terminó perdiendo a uno de los suyos.
Las posibilidades para la prefectura de Chuquisaca.
El problema ahora es llenar un espacio que, en la percepción nacional, ha quedado vacío, para lo cual existen tres posibilidades:
1. Convocar a una nueva elección prefectural para el departamento de Chuquisaca.
2. Que el Presidente de la República elija y nombre a un nuevo Prefecto.
3. Mantener la estructura y personal heredado de David Sánchez.
Nueva elección prefectural.
Esta es, a mi juicio, la mejor salida posible. Permite mantener la legitimidad otorgada por el voto popular a los prefectos desde la última elección, y a la vez se respetan las reglas y normas institucionales del Estado boliviano.
Jurídicamente, la nueva elección estaría sustentada en la jurisprudencia sentada por la última elección nacional en la que, aun sin existir la figura de elección de prefectos por voto popular, a través de una interpretación constitucional hecha en base al derecho a la participación de los ciudadanos en asuntos públicos, hizo una convocatoria a elección de prefectos que no fue observada por el Tribunal Constitucional.
Políticamente hablando, aunque este procedimiento es el que goza de mayores índices de legitimidad, es el menos conveniente para el gobierno, puesto que fruto de la forma arbitraria en que se manejó el tema de la capitalidad, y de la represión sinsentido ejercitada contra los chuquisaqueños, existen altas probabilidades de que el nuevo prefecto sea opositor.
Nominación directa del Presidente.
El Presidente también puede elegir y nombrar directamente a un ciudadano para ocupar el cargo, ya que constitucionalmente sigue siendo su atribución. En realidad las elecciones prefecturales del año 2005 fueron una especie de consulta vinculante para que el Presidente posesionara a quien el pueblo había elegido como su autoridad departamental. Por lo tanto, esta solución no se encontraría fuera de la ley.
Sin embargo, la elección directa por parte del Presidente constituiría un retroceso en la profundización de la democracia, lograda con elecciones prefecturales, y en la ampliación de instancias de ejercicio del derecho de participación (consagrado en los artículos 1º y 4º de la C.P.E.) Consecuentemente, esta sería una solución con la única legitimidad de la ley y carente de la legitimidad conferida por la participación ciudadana.
(Esta es la razón por la que los bolivianos tenemos que ponerle límites a las salidas políticas. Porque cuando las soluciones dejan de ser fruto de decisiones equilibradas entre normativa y política, se crean chenk’os jurídicos como este)
Este procedimiento es el más conveniente para el gobierno porque le permite conservar el control de la plaza prefectural chuquisaqueña. Sin embargo (y ellos lo saben muy bien) quien se hiciera elegir por el gobierno central carecería de la legitimidad suficiente para asumir el cargo en una situación tan compleja como la actual, y se sentaría un pésimo precedente contra la profundización de la participación en democracia.
Mantener la administración de David Sánchez.
Esta es la solución más débil institucional y políticamente hablando. El secretario general de la Prefectura de Chuquisaca no puede asumir el cargo indefinidamente de manera interina, por lo tanto, tarde o temprano el Presidente tendría que posesionarlo y se enfrentaría a las dificultades de la segunda solución.
Por otro lado, aunque decidieran mantener un interinato indefinido, la administración departamental seguiría careciendo de la legitimidad otorgada por el voto popular.
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Olvidando que la política es como un partido de ajedrez en el que con cada movida se puede estar definiendo el final del juego, además de la más legítima, la solución más natural, lógica y racional, es permitir que los chuquisaqueños elijan a su nueva autoridad prefectural.
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