Ahí está ¿ven? En realidad esta no es mi atribución, ni la de ningún otro opinador, ni la del congreso… la verdad es que debería ser el Tribunal Constitucional quien defina, en todos los casos que ya nos tienen a los bolivianos más que enredados, qué es constitucionalmente correcto y qué no lo es. Pero ¡oh sorpresa! Acabo de recordar que hubo un grupículo de ineptos que se dedicaron a debilitar dicho tribunal, y terminaron descabezándolo. Es decir, no existe, no hay, desapareció, se esfumo… o debería decir, lo esfumaron.
En fin, como la institución llamada por ley a dirimir este tipo de controversias ha sido vilmente desaparecida como por arte de magia gubernamental, ahora todos nos metemos a opinar sobre las legalidades e ilegalidades de todos los asuntos que, seamos realistas, se van a poner frente a nuestros ojos en sendos reférendums antes de que la única instancia competente pueda decir “esta boca es mía”
Entonces (y para eso ésta un tanto larga introducción) si existiera un Tribunal Constitucional yo diría “hay que esperar a ver que dice el T.C.”, pero la situación prácticamente me obliga. No voy a llegar al extremo de agradecer al gobierno por darnos a todos los bolivianos la oportunidad de opinar respecto de temas constitucionales, porque en realidad preferiría que lo haga quien tendría que hacerlo.
El gobierno se viene empeñando en poner en tela de juicio cierto referéndum que impulsa Santa Cruz y lo hace (créanlo o no) apelando nada mas y nada menos que a la legalidad. Legalidad a la que apelamos todos quienes nos quejamos del proceso constituyente, que tiene más huecos legales que coladera de cocina. Pero no es la Constituyente lo que nos atañe hoy. El referéndum de Santa Cruz está respaldado en la Constitución Política boliviana y en la Ley Marco del Referéndum (del 8 de julio del 2004)
Por un lado, la Constitución Política establece al referéndum como mecanismo de participación, deliberación y gobierno de los ciudadanos que, en democracia, son los poseedores de la soberanía del Estado (art. 1º y 2º C.P.E.) Lo que le otorga al referéndum de Santa Cruz, como evento o acción, legalidad constitucional y una legitimidad directamente derivada de la participación del soberano.
Por otro lado, la ley Marco del Referéndum otorga legalidad a la convocatoria hecha por Rubén Costas, puesto que en su artículo 6 inciso 3 dice: En tanto no exista un gobierno departamental electo por voto popular, el referéndum departamental será convocado por el Congreso Nacional Pero como en todos los departamentos del país, excepto Chuquisaca, existe un gobierno departamental elegido por voto popular, entonces ya no es el congreso, sino el prefecto como cabeza del gobierno departamental, quien convoca a referéndums departamentales (y habiéndose cumplido el requisito de las firmas estipulado en la misma ley).
El gobierno, además de pecar de doble discurso, miente cuando dice que el referéndum es ilegal, miente cuando dice que es ilegítimo, miente cuando dice que el estatuto es divisionista, miente, miente, y me imagino que tiene esperanzas de que algo de todas sus mentiras quede en el cabeza de la gente, y seguro que así será. Pero en todo caso, como en una suerte de justicia divina, si el referéndum fuera ilegal (que no lo es) Evo Morales y compañía dejaron fuera de combate a la única instancia que podría decírnoslo con total atribución y competencia.
Se que es demasiado posible que hayan inhabilitado al Tribunal Constitucional para poder hacer lo que hicieron con el proceso constituyente. Es decir, para deshacerse de “las cadenas constitucionales” o “de las cadenas legales” y poner en marcha el tan mentado “proceso de cambios” del que hacen tanta gala. Pero lastimosamente también están haciendo gala de la verosimilitud de una famosa frase de Albert Einstein: Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Porque con ambos procesos, el constituyente y el autonómico, si no hubieran dejado fuera de juego a una institución tan importante, todos tendríamos que someternos al dictamen de esa autoridad competente… aunque probablemente no les convendría, porque creo que saldrían la constituyente ilegal y el referéndum legal, en fin, cosas del fútbol.
En fin, como la institución llamada por ley a dirimir este tipo de controversias ha sido vilmente desaparecida como por arte de magia gubernamental, ahora todos nos metemos a opinar sobre las legalidades e ilegalidades de todos los asuntos que, seamos realistas, se van a poner frente a nuestros ojos en sendos reférendums antes de que la única instancia competente pueda decir “esta boca es mía”
Entonces (y para eso ésta un tanto larga introducción) si existiera un Tribunal Constitucional yo diría “hay que esperar a ver que dice el T.C.”, pero la situación prácticamente me obliga. No voy a llegar al extremo de agradecer al gobierno por darnos a todos los bolivianos la oportunidad de opinar respecto de temas constitucionales, porque en realidad preferiría que lo haga quien tendría que hacerlo.
El gobierno se viene empeñando en poner en tela de juicio cierto referéndum que impulsa Santa Cruz y lo hace (créanlo o no) apelando nada mas y nada menos que a la legalidad. Legalidad a la que apelamos todos quienes nos quejamos del proceso constituyente, que tiene más huecos legales que coladera de cocina. Pero no es la Constituyente lo que nos atañe hoy. El referéndum de Santa Cruz está respaldado en la Constitución Política boliviana y en la Ley Marco del Referéndum (del 8 de julio del 2004)
Por un lado, la Constitución Política establece al referéndum como mecanismo de participación, deliberación y gobierno de los ciudadanos que, en democracia, son los poseedores de la soberanía del Estado (art. 1º y 2º C.P.E.) Lo que le otorga al referéndum de Santa Cruz, como evento o acción, legalidad constitucional y una legitimidad directamente derivada de la participación del soberano.
Por otro lado, la ley Marco del Referéndum otorga legalidad a la convocatoria hecha por Rubén Costas, puesto que en su artículo 6 inciso 3 dice: En tanto no exista un gobierno departamental electo por voto popular, el referéndum departamental será convocado por el Congreso Nacional Pero como en todos los departamentos del país, excepto Chuquisaca, existe un gobierno departamental elegido por voto popular, entonces ya no es el congreso, sino el prefecto como cabeza del gobierno departamental, quien convoca a referéndums departamentales (y habiéndose cumplido el requisito de las firmas estipulado en la misma ley).
El gobierno, además de pecar de doble discurso, miente cuando dice que el referéndum es ilegal, miente cuando dice que es ilegítimo, miente cuando dice que el estatuto es divisionista, miente, miente, y me imagino que tiene esperanzas de que algo de todas sus mentiras quede en el cabeza de la gente, y seguro que así será. Pero en todo caso, como en una suerte de justicia divina, si el referéndum fuera ilegal (que no lo es) Evo Morales y compañía dejaron fuera de combate a la única instancia que podría decírnoslo con total atribución y competencia.
Se que es demasiado posible que hayan inhabilitado al Tribunal Constitucional para poder hacer lo que hicieron con el proceso constituyente. Es decir, para deshacerse de “las cadenas constitucionales” o “de las cadenas legales” y poner en marcha el tan mentado “proceso de cambios” del que hacen tanta gala. Pero lastimosamente también están haciendo gala de la verosimilitud de una famosa frase de Albert Einstein: Hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Porque con ambos procesos, el constituyente y el autonómico, si no hubieran dejado fuera de juego a una institución tan importante, todos tendríamos que someternos al dictamen de esa autoridad competente… aunque probablemente no les convendría, porque creo que saldrían la constituyente ilegal y el referéndum legal, en fin, cosas del fútbol.
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