Es conocida la incomodidad del Presidente Morales y su régimen de gobierno con los periodistas y, más específicamente, con la libertad de prensa. Tan es así, que en varias ocasiones el Presidente ha aprovechado sus intervenciones públicas para atosigar a la prensa, declarando a los medios sus principales enemigos, humillando a periodistas públicamente, o comparándolos con pollos de granja o vuvuzuelas africanas.
El rechazo y rencor presidenciales, sin embargo, no son solamente contra los periodistas y los medios, sino contra el principio por el que cualquier ciudadano puede hacer declaraciones, preguntas, investigaciones, interpretaciones o revelaciones que pudieran incomodar al régimen de gobierno.
Se trata del principio de libre expresión, a través del que las personas de un país libre difundimos, a veces simple y pura información, y en ocasiones opinión, análisis e interpretación.
Este principio está consagrado en la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 5, que dice que las bolivianas y los bolivianos tenemos derecho “A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva.” Que es reforzado por el numeral 6 que incluye el derecho “A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.”
Así mismo, en el artículo 106, referido a la comunicación social, dice que “II. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.” Y a continuación “III. El Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.”
Note usted que en ninguno de los casos se dice que la libre expresión será regulada por legislación alguna, por lo que la Ley mordaza, recientemente aprobada, no sólo sería un atentado contra los principios de una sociedad libre, sino también una norma inconstitucional.
El Gobierno ha respaldado la aprobación de su Ley contra el derecho a pensar diferente y poder decirlo con libertad, en la preocupación de la sociedad por la sensación de que en el país existe racimo. Esa preocupación, junto con las reflexiones de sectores de la sociedad, pensadores y políticos, podría haber dado como resultado una Ley que no necesariamente sea punitiva y acuda a la coerción para combatir un mal que al final de cuentas depende de la moral y la conciencia de las personas, sino que apunte a la educación y la prevención, a través de una campaña de formación de valores para la construcción de una sociedad tolerante.
Pero si de lo que hablamos es de la elaboración de un instrumento más para perseguir jurídicamente a quien disienta, y para callar la crítica y la opinión diferente, no existirá argumento que valga y, más bien, será absolutamente comprensible que Morales y su Gobierno continúen revelándonos su espíritu totalitario, y mantengan la Ley como está.
El poder que el Presidente se está dando a sí mismo, para silenciar voces y cerrar medios de comunicación, respaldado en una Ley anti libertaria, no lo ha tenido ningún dictador en la historia de Bolivia. Ellos al menos tenían la decencia de llegar con militares y armas, apresar ciudadanos y periodistas, y quemar o tomar el medio, sin pretender que les creamos que seguimos viviendo en democracia.
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