En principio se debe descartar el argumento del viceministro de coordinación gubernamental, Wilfredo Chávez, quien ha afirmado que “En ese caso se ha seguido un juicio de acción privada penal y un juez ha declarado que Tuto Quiroga cometió el delito de difamación a los funcionarios y miembros del Banco Unión, sobre el tema sólo podemos opinar de lo que dijo el juez como sentencia porque no hemos sido parte como Gobierno ni como Estado”
Chávez omite, maliciosamente, que el gobierno es el propietario de más del 80% de las acciones del Banco Unión y que, por lo tanto, cuando esta institución, supuestamente privada, demanda a Jorge “Tuto” Quiroga, es en realidad ese 80% de gobierno, de oficialismo, quien está demandando al ex presidente.
El viceministro también evita deliberadamente recordar que se le otorgaron al Presidente Morales facultades extraordinarias para nombrar, a dedo, a las autoridades del Órgano Judicial, de manera transitoria, hasta que éstas sean elegidas por el voto de la gente, en un proceso electoral que estaba planeado para diciembre del año en curso, pero que ha sido postergado por la mayoría de asambleístas del MAS en el Legislativo. Por lo tanto, es perfectamente veraz la afirmación de que en este instante, las autoridades del Órgano Judicial, supuestamente independientes e imparciales, no son más que los operadores judiciales de la represión pseudolegal del gobierno.
Entonces, la relación que el oficialismo pretende negar con el proceso y la sentencia contra el ex presidente Quiroga, en realidad existe de manera bastante concreta. El gobierno es juez, pues es el Ejecutivo quien controla al Judicial, y es parte, pues el 80% del Banco Unión es del Estado.
El ex presidente Carlos Mesa ha afirmado que "Hay un proceso de judicialización de la política extremadamente grave y peligroso que se apoya en el amedrentamiento a los ciudadanos y no sólo al ciudadano de pie [sino] incluso, como es este caso, con un ex presidente"
Mesa concluye que la acción del gobierno contra Tuto "es inaceptable" y vulnera el derecho a la libre expresión, y ha afirmado que "las palabras [de Quiroga] fueron emitidas cuando se había producido el hecho de corrupción más grave en el Gobierno del presidente Morales, en vez de investigar las vinculaciones del señor Ramírez y el banco, se investiga a quien hace una reflexión sobre un tema de corrupción".
Coincidimos con el criterio del ex presidente Carlos Mesa, y nos sumamos a las voces de repudio contra las actitudes autoritarias que el oficialismo ya ha asumido como patrón de comportamiento normal.
Escrito para el portal http://www.boliviademocratica.net/
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