Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa Gisbert, Jorge “Tuto” Quiroga y Eduardo Rodríguez Veltzé, son los ex presidentes procesados en un Órgano Judicial por cuya imparcialidad ya nadie pone las manos al fuego.
Además, están los gobernadores Rubén Costas, Ernesto Suárez, y Mario Cossio, cuyo incuestionable apoyo popular recibido en las urnas no tiene importancia para un oficialismo empeñado en desestabilizar e intentar tomar todo lo que perdió en las elecciones de abril.
También están los alcaldes Jaime Barrón, Héctor Cartagena, René Joaquino, Percy Fernández y ahora Luís Revilla, entre suspendidos y por suspender, que fueron retirados de la silla edil, en unos casos, y que podrían serlo, en otros, por la simple acusación de un fiscal, que no es un representante del Órgano Judicial (que de todos modos es controlado por el Ejecutivo), sino un miembro del Órgano Ejecutivo.
Adicionalmente se tiene a Leopoldo Fernández, Víctor Hugo Cárdenas, José Luís Paredes, Arturo Murillo, Ramón Daza, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Ninoska Lazarte, entre otros, a quienes también se persigue con ese instrumento represivo que el masismo ha construido sobre lo que antaño se llamaba justicia.
Estos casos son variados y, dependiendo de cada uno, se podrá especular sobre la justicia o no del inicio de procesos. Sin embargo, cabe aclarar que en todos ellos nos encontramos en una situación en la que el gobierno hace de juez y parte. Si la acusación proviene de la Contraloría, es el MAS a través del Ejecutivo; si proviene de algún fiscal, es el MAS a través del Ejecutivo; si la sentencia es dictada por un juez, es el MAS a través de las autoridades judiciales nombradas a dedo por el Presidente Morales; si es el Legislativo, es el MAS a través de sus dos tercios de asambleístas sometidos a la verticalidad del partido de gobierno.
Puesto así, se puede concluir que estamos frente a una situación en que todos los poderes han sido concentrados en un mismo grupo, a través del que algunas cabezas mandantes están haciendo y deshaciendo en el país, y cuyas acciones están minando los principios básicos de libre expresión, pluralismo político, presunción de inocencia, derecho a debido proceso, irretroactividad de la ley, y muchos otros.
¿Cuál el límite para el poder que un gobierno ha obtenido a través del voto de la gente? El límite son los principios básicos de un orden social libre, a saber: el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de los individuos; así como la completa vigencia de instituciones como la división y equilibrio de poderes, la libre expresión, el pluralismo político, la libre acción económica, la presunción de inocencia y otros, consagrados en las cartas universales de derechos.
Cuando un régimen de gobierno sobrepasa estos límites, ya nos podemos considerar en posición de decir que se ha transformado en una tiranía.
Escrito para el portal http://www.boliviademocratica.net/
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